En la búsqueda de un desarrollo sostenible, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos socioeconómicos que exigen una acción coordinada entre los sectores público y privado. El reciente informe Perspectivas Económicas de América Latina 2024: Financiando el Desarrollo Sostenible, elaborado por la OCDE, la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea, detalla estos retos, ofrece un análisis profundo y propone posibles soluciones para la región ( Informe aquí). A continuación, reflexiono sobre las conclusiones del informe, su relevancia para Costa Rica y las acciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.

El panorama regional: desafíos estructurales y oportunidades de innovación

El informe destaca una constante en América Latina: la brecha entre el crecimiento económico potencial y la realidad estructural. La región enfrenta un déficit de financiamiento de $99,000 millones anuales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una cifra que refleja no solo la falta de recursos, sino también un uso ineficiente de los disponibles, o un baño de realidad sobre cuales de estos objetivos deben ser realmente la prioridad.

La región sigue dependiendo de impuestos indirectos, como el IVA, que son regresivos y limitan la equidad fiscal. Además, el mercado financiero permanece subdesarrollado, con un crédito interno al sector privado equivalente al 50% del PIB, lejos del 80% observado en otras regiones más avanzadas.

Sin embargo, existen avances alentadores: el crecimiento de instrumentos financieros innovadores, como los bonos verdes, y un creciente interés en la cooperación internacional para movilizar recursos. Estas tendencias muestran que, con voluntad política y reformas estructurales, América Latina puede superar las barreras existentes y transitar hacia una economía más próspera.

Costa Rica: entre fortalezas y desafíos

Costa Rica presenta particularidades que la destacan en el contexto regional, pero que también reflejan sus propias limitaciones. La proporción de hogares que dependen exclusivamente de ingresos formales (56.6%) es una de las más altas de la región, señal de un mercado laboral relativamente formalizado. Sin embargo, el país enfrenta retos importantes, como el elevado costo de las cargas sociales y también el del servicio de la deuda pública, que restringe el margen de maniobra para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura sostenible.

El sistema de salud costarricense, que consume cerca del 5% del PIB, demuestra el compromiso del país con la cobertura universal, pero también la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto. Es claro que no son necesarios más impuestos, y que inclusive se podrían reducir los existentes si las políticas públicas se centran en como reducir y eficientizar el gasto. Además, el país ha avanzado en la creación de una taxonomía verde, una herramienta crucial para atraer inversiones sostenibles y consolidarse como líder en políticas climáticas.

A pesar de estos logros, la informalidad laboral es importante y las desigualdades persisten, lo que subraya la necesidad de un fortalecimiento de la colaboración público-privada para abordar los desafíos estructurales.

Vías de acción para Costa Rica

Desde mi perspectiva, las soluciones deben centrarse en fortalecer la libertad económica, reducir las ineficiencias estatales y potenciar el emprendimiento y la inversión privada. A continuación, algunas líneas de acción específicas:

1. Reforma fiscal: Costa Rica debe avanzar hacia una estructura tributaria más eficiente, reduciendo la dependencia de impuestos indirectos y aumentando la recaudación (no la creación) de impuestos directos sin desincentivar la inversión. Esto podría incluir la simplificación del sistema fiscal y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión.
2. Fomento del mercado financiero: El desarrollo de un mercado financiero profundo y accesible es esencial para movilizar recursos privados hacia sectores estratégicos. Esto incluye promover la inclusión financiera mediante la digitalización y mejorar las condiciones para la emisión de instrumentos como bonos verdes y sociales.
3. Reducción del costo de la deuda: Mejorar la gestión de la deuda pública, cosa que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, permitirá continuar liberando recursos para el desarrollo sostenible.
4. Alianzas público-privadas para la sostenibilidad: Costa Rica debe capitalizar su liderazgo en temas ambientales para atraer inversiones internacionales mediante alianzas público-privadas que financien infraestructura sostenible, transición energética y proyectos de conservación.
5. Promoción de la formalización laboral: Invertir en políticas activas del mercado de trabajo, como la capacitación técnica (educación dual) y los incentivos para la formalización, puede mejorar la calidad del empleo y reducir las brechas sociales.
6. Educación y digitalización: La inversión en innovación y en la transformación digital debe ser un eje estratégico para aumentar la productividad y reducir las desigualdades. Costa Rica puede liderar la región en esta área, aprovechando su ya robusta infraestructura educativa.

Conclusión

Costa Rica y América Latina tienen una oportunidad histórica para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. Sin embargo, esto requiere voluntad política, eficiencia en la ejecución de políticas públicas y una apertura real a la participación del sector privado. La región no puede permitirse ignorar las lecciones de este informe; es hora de actuar con decisión para cerrar brechas, reducir desigualdades y garantizar un futuro más prometedor para todos.