El periodo electoral que arranca ya y que culminará en 2026 nos llama a reflexionar sobre la calidad de nuestra representación legislativa y las oportunidades que tenemos para mejorarla. Como exdiputado de la República, he podido constatar de primera mano los retos del sistema actual: toma administrativa y política de la Asamblea por parte de los partidos tradicionales, una desconexión entre parlamentarios y ciudadanos, problemas de representatividad proporcional y la peor percepción pública. En este contexto complicado, resulta oportuno retomar el análisis de propuestas como el proyecto de reforma al sistema electoral para diputados presentado por varios legisladores en el 2016 bajo el expediente N.º 20.127, un esfuerzo originado y promovido por la agrupación Poder Ciudadano Costa Rica.

Reconociendo el compromiso de Poder Ciudadano Costa Rica

Es justo comenzar reconociendo el arduo trabajo de Poder Ciudadano Costa Rica. Este movimiento ciudadano logró lo que pocas organizaciones han hecho en nuestro país: proponer una reforma integral basada en estudios rigurosos, simulaciones y análisis de sistemas electorales internacionales. Inspirados en los modelos de Alemania y Nueva Zelanda, presentaron un proyecto que buscaba modernizar la elección de diputados, promoviendo una representación más proporcional y cercana. Buscaba quebrar el sistema de listas cerradas donde los partidos políticos le recetan antojadizamente a la población a cualquier persona, incluso muchas que no tienen las capacidades mínimas técnicas, políticas o de negociación que requiere el puesto. El enfoque de Poder Ciudadano Costa Rica en mejorar la legitimidad del Poder Legislativo y fomentar la participación ciudadana en el proceso político merece un reconocimiento profundo, pues no solo abrió el debate sobre la representatividad, sino que lo colocó en el centro de la discusión democrática.

El sistema mixto proporcional: Una idea transformadora

La propuesta de un sistema mixto proporcional combinaba dos formas de elección. Por un lado, los ciudadanos elegirían directamente a 42 diputados en distritos uninominales, lo que prometía una mayor cercanía entre representantes y electores. Por otro, los restantes 42 diputados serían electos mediante una lista proporcional a nivel nacional, garantizando que las fuerzas políticas minoritarias tuvieran representación en la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto planteaba un umbral del 4% para que los partidos accedieran a escaños por la vía proporcional. Este mecanismo no solo evitaba la fragmentación excesiva del Congreso, sino que también protegía a las minorías políticas, otorgándoles una vía legítima de participación.

El aumento a 84 diputados: ¿Un cambio necesario o un exceso?

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto fue la propuesta de aumentar de 57 a 84 el número de diputados. Los proponentes argumentaron que este cambio permitiría una mejor distribución de las cargas legislativas y una mayor representatividad geográfica, sobre todo para cantones históricamente subrepresentados. Sin embargo, esta medida merece un análisis crítico. ¿Es realmente necesario incrementar el número de diputados para mejorar la representatividad? ¿O existe el riesgo de que este aumento solo sume burocracia sin resolver los problemas de fondo?

El argumento de los proponentes sobre la representatividad geográfica era válido, especialmente si consideramos que algunos cantones nunca han tenido representación en la Asamblea. Sin embargo, este aumento también plantea desafíos fiscales significativos. Según el informe de Servicios Técnicos en el momento de análisis, el aumento en salarios, beneficios y otros gastos relacionados con los nuevos legisladores representaría un incremento anual de 1,655 millones de colones. Esto sin considerar implicaciones de infraestructura adicional y personal de apoyo. Esto requeriría una racionalización de los recursos, algo que el proyecto mencionaba como necesario, pero no desarrollaba con suficiente detalle.

Además, el informe de Servicios Técnicos planteó que la obligación de los partidos de presentar listas de 84 candidatos podría ser desproporcionada, especialmente para partidos minoritarios que tienen menos capacidad de reclutamiento . Este requisito no solo habría complicado su participación, sino que también habría acentuado las desigualdades entre agrupaciones políticas tradicionales y emergentes.

Oportunidades de mejora en el diseño propuesto

Aunque el proyecto representó un avance importante en el debate sobre la modernización del sistema electoral, no estuvo exento de áreas de mejora. Por ejemplo:

1. El umbral del 4%: Si bien este porcentaje era adecuado para proteger a las minorías y evitar los “votos perdidos”, cabe cuestionar si debía ser ajustado para garantizar una mayor estabilidad política. En contextos de alta fragmentación, un umbral ligeramente mayor podría haber contribuido a consolidar mayorías legislativas más funcionales.

2. Reelección consecutiva: El proyecto permitía que los diputados fueran reelegidos hasta por tres periodos consecutivos. Aunque esto buscaba capitalizar la experiencia parlamentaria, también podría haber generado dinámicas de perpetuación política. La implementación de mecanismos adicionales de rendición de cuentas, como evaluaciones públicas del desempeño legislativo, habría sido clave para evitar este riesgo.

3. Mayor claridad en el financiamiento electoral: Aunque el proyecto mencionaba la necesidad de un sistema de financiamiento más austero y equitativo, no detallaba cómo garantizarlo. Esta omisión representaba una oportunidad perdida para abordar uno de los temas más sensibles en nuestra política: la influencia del dinero en las campañas electorales.

El archivo del proyecto: Un retroceso lamentable

Lamentablemente, este proyecto fue archivado en la Asamblea Legislativa, y con él, se perdió una oportunidad valiosa para transformar nuestro sistema electoral. El archivo de propuestas como esta evidencia las dificultades de emprender reformas estructurales en nuestro país, donde los intereses partidarios, sobretodo de los partidos tradicionales y aquellos que han probado las mieles de la deuda política, y las dinámicas cortoplacistas a menudo priman sobre el bien común.

Es importante reflexionar sobre las lecciones que deja este intento fallido. Por un lado, demuestra la necesidad de construir consensos amplios y transversales para avanzar en reformas de este calibre. Por otro, subraya la importancia de que las propuestas incluyan mecanismos claros de implementación y sostenibilidad fiscal, elementos que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una reforma.

Un llamado al debate y la acción

A medida que nos acercamos a las elecciones de 2026, es crucial retomar el debate sobre cómo podemos mejorar la calidad de nuestra representación legislativa. Costa Rica necesita un sistema electoral que no solo garantice la proporcionalidad, sino que también fomente la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.

La propuesta de Poder Ciudadano Costa Rica fue y es un punto de partida invaluable. Su archivo no debería ser el final de esta conversación, sino el inicio de un proceso más amplio de reflexión y acción. Invito a los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía a reabrir este debate, considerando las lecciones aprendidas y buscando soluciones que se adapten a nuestra realidad actual.

Costa Rica merece una Asamblea Legislativa decente. Una Asamblea que refleje su diversidad, responda a sus desafíos y esté a la altura de sus aspiraciones democráticas. Lograrlo no será fácil, pero es un esfuerzo que vale la pena emprender.