Costa Rica ha construido su identidad política y económica sobre una base profundamente estatista. Desde la creación de su robusto aparato institucional en el siglo XX hasta el fortalecimiento de un Estado que administra buena parte de la economía nacional, hay una marcada resistencia a cualquier reforma que implique reducción del gasto público. Sin embargo, esta misma rigidez obliga a buscar alternativas para la generación de ingresos frescos que permitan sostener la carga fiscal sin seguir exprimiendo al sector productivo. Y en este contexto, la minería formal se presenta como una oportunidad que no deberíamos seguir descartando por puro dogmatismo ideológico.
El caso de Crucitas es emblemático. En 2010, grupos ambientalistas y sectores de izquierda celebraron como un triunfo la anulación de la concesión otorgada a Industrias Infinito, basándose en argumentos de protección ecológica. Sin embargo, la realidad posterior a esa decisión muestra que el remedio fue mucho peor que la supuesta enfermedad: en ausencia de una empresa formalmente regulada, la zona cayó en manos de coligalleros ilegales que han devastado el ambiente sin control alguno. Hoy, en lugar de una mina supervisada con estándares técnicos, Crucitas es una tierra de nadie, con ríos contaminados de mercurio y cianuro, deforestación descontrolada y economías paralelas que fortalecen la informalidad y hasta el crimen organizado.
La izquierda ambientalista costarricense, que en su afán de oposición doctrinaria ha bloqueado sistemáticamente cualquier desarrollo minero, no solo falló en proteger los ecosistemas, sino que permitió un desastre ambiental de proporciones aún mayores. Se opusieron a la explotación regulada, pero no tuvieron una solución viable para lo que vendría después. Y lo que vino fue lo peor de ambos mundos: daño ecológico, pérdida de ingresos para el país y un problema social que ahora parece imposible de erradicar.
Si Costa Rica realmente quiere sostener su modelo de Estado benefactor, debe enfrentar las contradicciones en su discurso. No se puede exigir más inversión en educación, salud y seguridad sin discutir de dónde provendrán esos recursos. No se puede descartar toda actividad extractiva sin ofrecer opciones reales que generen empleo y desarrollo en zonas rurales deprimidas. No se puede sostener un Estado sobredimensionado solo con impuestos o deuda, especialmente cuando el aparato estatal sigue demostrando su incapacidad para contener el gasto y operar con eficiencia.
La minería moderna es una actividad altamente regulada en países con estándares ambientales mucho más estrictos que los nuestros. Canadá, Australia y Finlandia han demostrado que es posible explotar recursos minerales sin comprometer irreversiblemente el ambiente. Con el marco normativo adecuado y una supervisión rigurosa, Costa Rica podría convertir Crucitas en un modelo de minería responsable que genere empleo formal, ingresos para el fisco y recuperación ambiental progresiva. Pero para ello es necesario romper con los dogmas y reconocer que la prohibición absoluta no es sinónimo de conservación.
Si la discusión sobre minería sigue atrapada en discursos ideológicos y miedo político, el problema de Crucitas continuará profundizándose. La alternativa es clara: o el Estado asume el control y permite la explotación formal con reglas claras, o seguiremos viendo cómo el oro de Crucitas financia redes ilícitas mientras el país deja pasar una oportunidad de oro, en el sentido más literal de la palabra.