Cuando la incompetencia se disfraza de buena intención, nacen proyectos como la reforma constitucional que pretende encadenar el presupuesto nacional durante los próximos 20 años para pagar la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Un grupo de diputados firmó este despropósito sin considerar las implicaciones fiscales, sin atender el problema estructural que origina la deuda y sin entender que una Constitución no es un plan de pagos, sino el marco fundamental que guía el país.
El proyecto establece que el Estado deberá destinar ₡200 mil millones anuales (0,4% del PIB) durante dos décadas para saldar la deuda con la CCSS, fijando una prioridad absoluta que no podrá ajustarse según la realidad fiscal. En otras palabras, los firmantes pretenden que, sin importar si el país enfrenta una crisis económica, una emergencia nacional o un colapso financiero, el dinero deberá pagarse puntualmente, incluso recurriendo a más endeudamiento público.
La ironía es evidente: el proyecto busca pagar una deuda con más deuda. En su redacción, reconoce que el financiamiento podría provenir de presupuestos extraordinarios cubiertos con crédito público. Es decir, el Estado se endeudaría para pagarle a la CCSS, un sinsentido económico que solo profundizará el problema en el largo plazo.
Pero lo más grave no es solo el despropósito financiero. Es la incapacidad de los firmantes de ver que esta deuda no es una anomalía, sino el resultado de un sistema de financiamiento diseñado para fallar. La CCSS depende de un esquema de ingresos atado al empleo formal y a aportes del Estado que, históricamente, han sido insostenibles. En lugar de corregir este modelo obsoleto, los diputados prefieren parchear el problema con una obligación constitucional que perpetúa la fragilidad del sistema.
Los defectos de una reforma irresponsable
1. Encadena el presupuesto nacional
Imponer una erogación obligatoria por 20 años reduce la capacidad del Gobierno para responder a otras prioridades nacionales. La Constitución debe establecer principios generales, no asignaciones presupuestarias inflexibles. Países como Brasil han tenido que reformar sus constituciones para eliminar rigideces similares que comprometieron su estabilidad económica.
2. Afecta la separación de poderes
La Asamblea Legislativa perdería su capacidad de decidir anualmente sobre el presupuesto. En su lugar, el Ejecutivo quedaría obligado a cumplir con una asignación fija, sin importar la situación del país. La CCSS, por su parte, pasaría a tener mayor poder de facto sobre las finanzas nacionales, determinando el monto de la deuda sin rendir cuentas a los contribuyentes.
3. Es fiscalmente inviable
Costa Rica ya enfrenta restricciones bajo la regla fiscal. Este mandato constitucional forzaría recortes en otras áreas o aumentos en impuestos para cumplirlo. ¿Quién pagará la factura? No los diputados que firmaron el proyecto, sino los ciudadanos que enfrentarán menos inversión en infraestructura, educación y seguridad.
4. No soluciona el problema de fondo
La deuda del Estado con la CCSS no se genera porque el Gobierno no quiera pagar, sino porque el modelo de financiamiento está estructuralmente roto. Mientras la Caja dependa de aportes estatales y cotizaciones sobre el empleo formal en un mercado laboral que cada vez se informaliza más, el déficit seguirá creciendo. No hay reforma constitucional que resuelva un problema de diseño fallido.
Las soluciones reales
Si estos diputados realmente quisieran salvar a la CCSS, deberían enfocarse en resolver la causa del problema, no en ponerle un curita a la herida.
1. Modificar el modelo de financiamiento
Se debe transitar hacia un esquema más flexible y sostenible, con fuentes de financiamiento diversificadas. Países como Uruguay han incorporado mecanismos de contribución sobre ingresos globales, en lugar de depender exclusivamente de la planilla formal.
2. Revisar los regímenes especiales y la eficiencia en el gasto
La CCSS administra recursos con poca transparencia y enfrenta despilfarro en ciertos programas y regímenes especiales insostenibles. Un diagnóstico realista del gasto y una reestructuración del sistema de beneficios son esenciales para garantizar su viabilidad.
Conclusión: más estrategia, menos populismo
Los diputados que firmaron esta reforma no están resolviendo un problema, están escondiéndolo bajo la alfombra. Quieren colgarse la medalla de “defensores de la CCSS” sin asumir la responsabilidad de hacer las reformas difíciles pero necesarias.
Constitucionalizar un pago sin arreglar el modelo que genera la deuda es tan absurdo como prometerle a un barco con agujeros que lo mantendrán a flote tirándole más agua en su interior. La CCSS no necesita discursos grandilocuentes ni mandatos inviables; necesita una reingeniería financiera profunda que garantice su estabilidad a largo plazo.
Legislar exige visión, responsabilidad y realismo. Este proyecto no tiene nada de eso.