Hace un tiempo escribí sobre la necesidad (o no) de hacer una reforma total a la Constitución Política (pueden leer aquí), una discusión que, sin duda, debe darse con reflexión y seriedad. Aunque me inclino por la reforma, comprendo las preocupaciones —bien fundamentadas— de quienes creen que no es el momento. Aun así, en un mundo que cambia constantemente, y con una realidad política, social y económica radicalmente distinta a la de 1871 (año base de nuestra Constitución de 1949), hay reformas que sin duda deben realizarse.

Sin embargo, lo que debería ser un debate técnico y pragmático sobre el futuro del país queda sepultado por la dinámica del ego parlamentario. En la Asamblea Legislativa, las reformas parciales a la Constitución solo pueden discutirse los miércoles en el Plenario, pero ese mismo día las comisiones con potestad legislativa plena sesionan a partir de las 5 p. m. Como resultado, la sesión del Plenario, que arranca a las 3p.m., dura apenas dos horas. De esas dos horas, una se destina al control político, lo que, sumado a retrasos, interrupciones y la recurrente falta de quórum, deja apenas unos minutos para la discusión de reformas constitucionales esenciales.

Algunos argumentarán que el control político es fundamental, y tienen razón. La fiscalización es una de las funciones principales de la Asamblea Legislativa. Pero, ¿de verdad no hay otro espacio para que los diputados se escuchen a sí mismos? ¿Debe el país resignarse a que las reformas estructurales queden relegadas a un espacio mínimo, mientras los discursos altisonantes —que muchas veces solo buscan material para un video en redes sociales— consumen el tiempo legislativo?

Las reformas que siguen en la refrigeradora

La Asamblea Legislativa tiene en fila casi 40 reformas constitucionales que podrían modernizar el Estado costarricense (bueno, algunas no tanto..). Algunas de ellas llevan años estancadas sin justificación técnica, sino por pura inercia política. Tomemos algunos ejemplos:

• Expediente N.° 22.753: Reforma del artículo 34 para limitar las pensiones de lujo. Un tema recurrente en el debate público que ha quedado atrapado en el limbo legislativo. La ciudadanía exige medidas concretas para reducir privilegios desproporcionados, pero la discusión avanza a paso de tortuga.

• Expediente N.° 23.061: Reforma para promover el ahorro en intereses de la deuda pública mediante la modificación del inciso 15 del artículo 121. Costa Rica arrastra un problema estructural de endeudamiento y gasto público, pero cualquier intento de reforma fiscal profunda se diluye en un Plenario donde prima el cálculo electoral.

• Expediente N.° 24.017: Creación del Tribunal Constitucional. Un debate de fondo sobre la estructura de nuestro sistema de control constitucional que ni siquiera ha logrado capturar la atención de quienes dicen estar preocupados por la institucionalidad democrática.

• Expediente N.° 24.180: Reforma del artículo 50 para garantizar la seguridad alimentaria y reconocerla como un derecho humano. En un país donde la producción de alimentos enfrenta desafíos cada vez mayores, esta reforma sigue esperando turno mientras los diputados priorizan temas de impacto mediático inmediato.

• Expediente N.° 23.434: Reforma para promover el uso del inglés como segunda lengua. Costa Rica necesita una transformación educativa real para competir en la economía global, pero la falta de visión estratégica mantiene este tipo de reformas en un letargo indefinido.

Estos son solo algunos ejemplos. La lista de reformas pendientes es extensa y variada, pero la dinámica legislativa ha convertido el proceso de reforma constitucional en un trámite simbólico más que en una herramienta de modernización del Estado.

¿Qué se puede hacer?

El problema es claro: mientras el tiempo legislativo se consume en discursos políticos sin consecuencia real, el país sigue atrapado en un marco constitucional que necesita ajustes urgentes. Reformas de impacto no pueden quedar sujetas a la vanidad parlamentaria.

Urge una reforma al reglamento legislativo que garantice tiempos efectivos para la discusión de reformas constitucionales. Si el Plenario es el único espacio para debatirlas, debe asegurarse que no sean tratadas como un tema secundario. Además, los diputados deben entender que el control político no se agota en un discurso en el Plenario. Hoy existen múltiples plataformas de fiscalización y denuncia pública que tienen mayor alcance que una intervención legislativa de pocos minutos.

La Asamblea Legislativa debe demostrar que puede estar a la altura de la coyuntura histórica. De lo contrario, las reformas seguirán acumulando polvo en la agenda parlamentaria, y el país continuará postergando decisiones que no pueden esperar.

Es momento de que los diputados dejen de legislar para la galería y empiecen a legislar para el futuro.