En Costa Rica, el sistema tributario y los aportes a la seguridad social son, en esencia, dos caras de la misma moneda. Ambos, calculados sobre ingresos y salarios, acaban por convertirse en un peso compartido por trabajadores, empresas y, en última instancia, el desarrollo económico del país. Pero mientras el impuesto sobre la renta es regulado por la Asamblea Legislativa, las tarifas y bases de cálculo de la seguridad social son establecidas de manera autónoma por un grupito de personas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este modelo, aunque diseñado para garantizar la independencia de la CCSS, ha creado un desbalance sistémico que exige una solución estructural.

El principal problema radica en la desconexión entre estos dos pilares fiscales. En la práctica, los aportes a la seguridad social funcionan como un “impuesto sobre la renta adicional”, con la diferencia de que no están sujetos al mismo escrutinio legislativo. Esto genera duplicidad en la carga fiscal y añade complejidad y costo a las operaciones del sector productivo, sobretodo las del régimen definitivo quien, ante esta enorme presión fiscal (y la gran maraña burocrática) se ve imposibilitado para crecer al ritmo del sector de Zona Franca.

Sin una armonización efectiva, esta situación seguirá mermando la competitividad del país y limitando las oportunidades de progreso económico.

Reforma Constitucional: Una Solución Ineludible

Una vía para corregir este desbalance pasa por revisar la autonomía constitucional de la CCSS establecidad en el artículo 73 de la Constitución Política. Es necesario abrir un debate serio y constructivo sobre cómo la Asamblea Legislativa podría asumir un rol más activo en la definición de tarifas, bases de cálculo y políticas de contribución a la seguridad social. Esto no implica restar importancia ni debilitar a la CCSS, sino establecer un marco coherente que permita al Estado costarricense actuar con unidad de propósito en el diseño y gestión de las cargas tributarias y parafiscales.

La reforma constitucional no sería un proceso sencillo, pero sí un paso indispensable para lograr una estructura fiscal más racional y balanceada. Si las tarifas de la seguridad social pudieran ajustarse de manera coherente y estratégica, sería posible disminuir la carga para empresas y trabajadores sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Esto, a su vez, podría generar un círculo virtuoso de inversión, generación de empleo y formalización del mercado laboral.

Un Enfoque Estratégico para Combatir la Informalidad

La informalidad es uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43.5% en el tercer trimestre de 2024. Este dato evidencia que casi la mitad de la población ocupada opera fuera de los marcos legales y de protección social establecidos. Gran parte de esta realidad tiene raíz en el costo elevado que representa la seguridad social, especialmente para pequeñas empresas y emprendimientos.

Reducir las tarifas de la seguridad social podría ser un incentivo crucial para que más empleadores y trabajadores decidan formalizarse. Al hacerlo, no solo se ampliaría la base contributiva, sino que también se reduciría la presión sobre las empresas formales, que actualmente cargan con el peso de sostener un sistema que beneficia a toda la población. En otras palabras, una política de tarifas más bajas podría ser el catalizador para una mayor inclusión en la economía formal, una mejora en la competitividad y, en última instancia, un fortalecimiento de la seguridad social misma.

Una Nueva Arquitectura Fiscal para Costa Rica

El objetivo no es disminuir los recursos para la seguridad social ni debilitar su autonomía por capricho, sino avanzar hacia un sistema más coherente, justo y eficiente. Armonizar los esquemas fiscales bajo un marco legal único no solo simplificaría la vida de ciudadanos y empresas, sino que también daría a la Asamblea Legislativa el poder necesario para diseñar políticas más equilibradas y sostenibles. Una reforma constitucional, en este sentido, no es una amenaza, sino una oportunidad para construir un sistema fiscal que apoye el crecimiento económico sin descuidar el bienestar social.

Es momento de abrir el debate, de unir esfuerzos entre sectores y de reconocer que, a largo plazo, una seguridad social sostenible y un sistema tributario coherente son dos piezas fundamentales de un mismo rompecabezas. Si logramos esta armonización, Costa Rica estará mejor posicionada para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo, sin dejar de lado los valores de equidad y solidaridad que han definido nuestra historia.