Costa Rica ha recorrido un largo camino hacia la apertura económica desde los años ochenta, consolidando su papel en el comercio global a través de la diversificación productiva, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento del turismo. Sin embargo, persisten rezagos regulatorios que encarecen la operación de las empresas y restan eficiencia al aparato estatal.

Uno de estos problemas estructurales es la falta de alineación entre la realidad económica del país y la normativa que rige las transacciones con el Estado. Aunque Costa Rica opera bajo un esquema bimonetario, donde tanto el colón como el dólar estadounidense cumplen funciones esenciales como unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago, el sector público sigue exigiendo que todos los pagos —incluidos tributos y obligaciones con instituciones estatales— se realicen exclusivamente en colones.

Esta imposición genera costos adicionales para empresas y ciudadanos. Más para aquellos que ganan en dólares estadounidenses, hoy, la realidad de muchas personas que trabajan en el régimen de zona franca, por ejemplo. Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en 2023 las entidades financieras obtuvieron ingresos por aproximadamente $440 millones en costos de transacción por conversión de moneda, de los cuales el propio Banco Central capturó cerca del 25%. En términos simples, esto representa una transferencia innecesaria de recursos desde quienes generan riqueza hacia intermediarios financieros.

En este contexto, el recién presentado proyecto de ley “Ley para otorgar poder liberatorio al dólar de los Estados Unidos de América para transacciones con el Estado” (expediente 24.877) propone una solución sencilla pero de gran impacto: permitir que los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones tributarias y otros compromisos con el Estado en dólares, sin necesidad de conversión a colones.

Los beneficios de esta reforma son claros:

1. Reducción de costos para empresas y ciudadanos: Sectores como exportación, turismo y zonas francas, cuyos ingresos están dolarizados, podrán honrar sus obligaciones fiscales sin incurrir en costos cambiarios artificiales.

2. Mayor eficiencia financiera para el gobierno: El Ministerio de Hacienda actualmente recauda mayoritariamente en colones, pero tiene compromisos de deuda en dólares. Permitir pagos en dólares reduciría su exposición al riesgo cambiario y optimizaría la gestión de recursos públicos.

3. Menos distorsiones en el mercado cambiario: Al eliminar la obligación de conversión forzada a colones, se reducirían los picos de volatilidad en el tipo de cambio asociados a grandes pagos al Estado.

4. Mejor administración de fondos en instituciones públicas: Municipalidades, empresas estatales e instituciones autónomas también podrían recibir pagos en dólares y gestionar mejor sus propios costos en moneda extranjera.

Esta iniciativa sigue la misma lógica del último proyecto de ley que presenté cuando fui diputado para dolarizar completamente la economía costarricense. En aquel momento, defendí la idea de que la dolarización total era la mejor vía para garantizar estabilidad monetaria, reducir costos de financiamiento y potenciar la competitividad del país. Esa sigue siendo, a mi criterio, la dirección correcta para Costa Rica. Sin embargo, mientras llegamos ahí, este nuevo proyecto representa un avance pragmático y necesario.

A pesar de sus méritos, el proyecto podría beneficiarse de un par de ajustes para garantizar su correcta implementación. Por ejemplo, establecer mecanismos claros de administración de pagos duales en plataformas tecnológicas estatales y sistemas contables, evitando ineficiencias o posibles abusos administrativos e incluir una evaluación periódica a cargo del BCCR para monitorear el impacto de la medida en la estabilidad cambiaria y en la economía en general.

Espero que este expediente progrese en la Asamblea, ya que representa un avance hacia una Costa Rica más competitiva y alineada con su realidad económica. Permitir el pago de tributos en dólares es una reforma lógica, justa y necesaria para reducir costos innecesarios, mejorar la eficiencia del sector público y facilitar la actividad económica en un entorno global cada vez más desafiante.