La reciente alerta emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) sobre las licitaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para redes móviles —especialmente la de 5G— pone en evidencia una problemática estructural que trasciende lo técnico: la erosión de la competencia económica y el riesgo de captura tecnológica en los procesos públicos. Contrario a lo que han venido manifestando los diputados que han querido defender a la empresa china Huawei alegando que su exclusión de la licitación 5G del país, aún por razones de seguridad nacional, viola el libre mercado y la libre competencia, la SUTEL ha demostrado como esta empresa foránea tiene tomada la empresa estatal. No es solo un tema de telecomunicaciones; es una cuestión de interés público, de integridad institucional y, sobre todo, de soberanía.
Según el informe 02398-SUTEL-SCS-2025, los pliegos de condiciones para fortalecer las redes 3G, 4G y desplegar la red 5G colocaron al ICE en una situación de dependencia operativa y estratégica hacia Huawei. Aunque no se mencione directamente la marca en el caso 5G, las condiciones técnicas y la infraestructura heredada de Huawei en las redes actuales crean un cerco práctico que reduce la posibilidad de competencia efectiva. Esta es una forma indirecta —pero clara— de integración vertical disfrazada de interoperabilidad técnica.
En el análisis económico de la competencia, este tipo de situación se asocia con efectos de “lock-in” o “bloqueo tecnológico”: una entidad adquiere una tecnología propietaria (en este caso, de Huawei), y luego todas las decisiones subsecuentes de inversión y mantenimiento quedan condicionadas a la compatibilidad con esa misma tecnología. Es el equivalente a construir una carretera que solo permite circular a un tipo de vehículo fabricado por un único proveedor. Esto distorsiona el mercado, incrementa costos de cambio (“switching costs”) y limita la innovación, porque nuevos competidores quedan automáticamente excluidos.
Más aún, el requerimiento de experiencia previa en redes del ICE, junto con exigencias desproporcionadas como haber hecho despliegues en al menos 70 países soberanos, reduce drásticamente la participación potencial. Estas barreras, según el principio de competencia efectiva consagrado en la Constitución Política (Art 46.) y la legislación costarricense (Ley 7472), son contrarias al interés público. De facto, se sacrifica la eficiencia del gasto público y se inhibe la presión competitiva que suele traducirse en mejoras tecnológicas, reducción de precios y aumento de calidad.
Pero la dimensión más delicada es geoestratégica: Huawei es una empresa sujeta al control de un Estado Totalitario —China— que no ha suscrito el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, requisito establecido en el decreto ejecutivo Nº 44196-MSP-MICITT. Esta omisión no es un tecnicismo: es una señal clara de que el país proveedor no está alineado con los marcos multilaterales de ciberseguridad a los que Costa Rica aspira a pertenecer. Por tanto, continuar profundizando la dependencia hacia un proveedor con tales limitaciones no solo es un error económico, sino también una vulnerabilidad de seguridad nacional tal y como he escrito anteriormente en este otro artículo.
La recomendación de SUTEL —adoptar estándares abiertos, promover la neutralidad tecnológica (que respeten la seguridad nacional) y revisar criterios restrictivos— debe asumirse como un llamado urgente a corregir el rumbo. El ICE, como empresa estatal, no puede operar bajo lógicas de conveniencia técnica que comprometan la libre competencia ni perpetuar relaciones con un solo proveedor sin justificarlo desde el punto de vista del interés público.
En un país pequeño como Costa Rica, la competencia no es un lujo: es el único mecanismo para asegurar que los recursos públicos se usen con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. El caso Huawei-ICE debe ser una lección para todo el aparato estatal: sin competencia, no hay soberanía tecnológica, y sin soberanía, no hay verdadero desarrollo.