Celebro con firmeza la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de rechazar por mayoría el expediente 23.809 titulado “Ley de Reconocimiento de Identidades Trans, No Binarias, de Género Diverso e Intersex”. Fue una decisión valiente y necesaria, que impidió la aprobación de una de las propuestas legislativas más desequilibradas que haya ingresado en los últimos años. Esta determinación subraya la importancia de legislar con prudencia y responsabilidad, especialmente en temas que afectan profundamente el tejido social y los derechos de todos los ciudadanos.

Lo digo con toda claridad: reconocer derechos fundamentales no equivale a otorgar vía libre a normas desproporcionadas, inoperantes y peligrosas. El proyecto en cuestión no era un esfuerzo serio por atender una deuda histórica con una población vulnerable; era una amalgama ideológica revestida de tecnicismos, sin análisis de impacto, sin respaldo presupuestario y, lo más grave, sin límites claros.

Uno de los aspectos más preocupantes era la posibilidad de que menores de 12 años pudieran modificar su nombre y sexo registral sin necesidad del consentimiento de ambos padres, y en algunos casos sin ninguno, recurriendo directamente al Patronato Nacional de la Infancia. Esta disposición relativizaba peligrosamente la noción de patria potestad, y eliminaba cualquier obligación de acompañamiento médico o psicológico. La autodeterminación de la identidad de género no puede construirse a costa de la exclusión de los padres o de la negación de la madurez progresiva de los menores.

El proyecto también imponía a la institucionalidad del país una serie de obligaciones de dudosa viabilidad. Por ejemplo, exigía a la Caja Costarricense de Seguro Social que asumiera, como parte de su cobertura básica, procedimientos médicos y quirúrgicos de afirmación de género, incluyendo bloqueadores hormonales para niños, cirugías de cambio de sexo, terapia de reemplazo hormonal, y depilaciones permanentes. Todo esto sin un estudio serio de costos, sin ajustes en la estructura de servicios, y sin atender las advertencias técnicas de su propia Gerencia Médica. Si esto no es legislar desde la irresponsabilidad, no sé qué lo es.

Por otro lado, las acciones afirmativas incluidas en la propuesta, como la imposición de una cuota laboral del 3% en el empleo público, lejos de resolver problemas estructurales, abrían la puerta a una lógica de compensación sin sustento técnico. No se trata de negar el derecho a la inclusión laboral de nadie, se trata de construir mecanismos que funcionen en la práctica, y que no violenten principios de igualdad, mérito y eficiencia en la administración pública.

También es importante señalar la pretensión del proyecto de imponer cambios institucionales sustanciales por vía legal, como la obligación del Tribunal Supremo de Elecciones de registrar un género autopercibido distinto al sexo biológico en los listados electorales. Esta disposición chocaba directamente con el marco constitucional vigente, que exige que los principios de paridad se basen en el sexo registral. Pretender reformar, por la vía de un proyecto cargado de afirmaciones ideológicas, las bases de nuestro sistema electoral, era una muestra más del desorden con el que fue concebido este texto.

Tampoco podemos ignorar las implicaciones presupuestarias y operativas del proyecto. Este incluía disposiciones que impactaban al Ministerio de Salud, al INA, a universidades públicas, al Ministerio de Cultura, al sistema penitenciario, al MEP y a un largo etcétera de instituciones públicas. Todo esto sin un solo estudio de impacto económico y sin previsiones de financiamiento. La inclusión, si quiere ser duradera, no puede construirse sobre el aire.

Este rechazo no es una negación de los derechos de las personas trans, no binarias o intersex. Por el contrario, es una afirmación de que el camino hacia una sociedad más justa no puede estar lleno de atajos, imposiciones ni concesiones políticas que debiliten el Estado de derecho. Las verdaderas reformas en derechos humanos se construyen con seriedad jurídica, solvencia técnica y diálogo genuino.

Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa ha puesto un freno sensato. Ha recordado que legislar también es decir que no. No a los excesos. No a la improvisación. No a los proyectos que, bajo la bandera de la igualdad, pretenden construir un Estado que ya no sirve al ciudadano, sino a una causa ideológica.

Costa Rica necesita avanzar hacia una legislación que proteja sin polarizar, que incluya sin imponer, que respete sin violentar otros derechos. Ojalá esta decisión marque el inicio de un camino distinto, donde podamos hablar de inclusión sin dogmas y de derechos sin sectarismo. Esa es la verdadera transformación pendiente.