Hace unos días, escribí un artículo titulado “¿Por dónde podemos reformar la Contraloría General de la República?”, en el que planteaba que la Contraloría, lejos de ser un ente destinado a revisar cada papel antes de que algo ocurra, debería convertirse en una institución que evalúe resultados, enfoque sus recursos en auditorías ex post, y actúe con inteligencia y selectividad. Señalé que el control previo absoluto, cuando se convierte en solo burocracia, acaba matando la agilidad sin necesariamente evitar la corrupción o el error. Estas nuevas líneas son una continuación natural de esa reflexión. Si queremos transformar la Contraloría, debemos también transformar el ecosistema de controles en el cual está insertada. Por eso hoy propongo analizar con profundidad un mecanismo que cambió la lógica regulatoria en las democracias más avanzadas del mundo: la fiscalización ex post.

En una Costa Rica anclada en una administración pública robusta pero lenta, urge repensar el modo en que regulamos y acompañamos la iniciativa privada. La excesiva dependencia en permisos y licencias previas ha generado una cultura de tramitomanía que frena el espíritu emprendedor nacional y, paradójicamente, sobrecarga el propio aparato estatal. ¿El remedio? Una transición inteligente hacia mecanismos de fiscalización ex post que liberen tiempo y recursos –tanto del Estado como del ciudadano– sin sacrificar la integridad ni la protección pública.

1. De la “Cultura del Sello” a la “Cultura del Cumplimiento”

La idiosincracia costarricense, desgraciadamente, revela una preferencia cultural porque el Estado nos lleve de la manita. En otro de mis artículos escribía sobre una frase en Costa Rica que tiene connotación negativa pero que demuestra claramente la domesticación socialdemócrata estatista a la cual hemos sido sujetos por décadas: «Por la Libre» (leer aquí). A los costarricenses nos da terror las actividades «por la libre» y tanto los de a pie como los funcionarios actuamos bajo la lógica de “solo está bien si tiene sello”, lo cual ha derivado en un círculo perverso: los ciudadanos piden permisos para sentirse amparados; los políticos responden con más papeleo; los funcionarios se convierten en guardianes de la administración de facto. Ese modelo ha creado una ineficiencia estructural: miles de trámites —muchos de riesgo bajo— que hoy consumen tiempo, dinero y atención valiosa.

Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que es posible liberarnos de ese círculo sin renunciar a la disciplina. Economías desarrolladas han demostrado que podemos pasar de controles previos, engorrosos e indiscriminados, hacia un enfoque que valgamos más por la responsabilidad que demostremos después de iniciar, no por cuántas siglas trae una carpeta.

2. ¿Qué es realmente la fiscalización ex post?

No se trata de que el Estado abdique su rol regulador (aunque, ¿no sería maravilloso?). Al contrario: consiste en invertir el momento del control. En lugar de exigir una licencia para comenzar, se exige una declaración responsable o registro básico, tras lo cual la actividad puede iniciarse de inmediato. El control se desplaza hacia el momento posterior: se realizan inspecciones, auditorías o sanciones si se detecta incumplimiento. Se trata de confiar menos en la burocracia del permiso y más en el club de quienes cumplen voluntariamente, y virar los esfuerzos estatales hacia los rezagados o incumplidores. Este modelo, adoptado en esquemas como el silencio positivo, la declaración responsable, o la autocertificación de planos, busca acelerar proyectos de bajo riesgo sin abandonar la fiscalización de fondo. Se basa en criterios de riesgo, proporcionalidad y oportunidad, reteniendo autorizaciones estrictas solo en lo esencial.

3. Los casos que inspiran

a) Licencias municipales y apertura de negocios

España implementó declaraciones responsables que permiten la apertura inmediata de un negocio al cumplir ciertos requisitos, con la autoridad reservando el derecho a inspeccionar después. En Madrid y Barcelona, el tiempo de puesta en marcha de un local comercial se redujo de meses a días, sin comprometer la supervisión.

b) Autocertificación en construcción

Ciudades como Phoenix o Nueva York validan permisos casi al instante mediante la autocertificación técnica de planos por profesionales, con inspecciones aleatorias posteriores. Esto ha reducido tiempos de aprobación de meses a días, manteniendo los estándares técnicos.

c) Permisos ambientales por reglas generales

En Finlandia y otras economías nórdicas, se reemplazaron licencias personalizadas por reglas generales vinculantes y monitoreo posterior. Esto ha permitido iniciar actividades de bajo impacto ambiental sin retrasos injustificados, focalizando recursos de fiscalización donde realmente importa.

d) Contratación pública

La Unión Europea implementó el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), que sustituye los certificados de manera anticipada por una declaración responsable. Solo el oferente adjudicado debe presentar la documentación final, con lo cual se reducen tiempos sin relajar controles.

4. Resultados medibles

Las reformas ex post en economías avanzadas han producido resultados concretos:

• Reducción de tiempos: en Nueva Zelanda, abrir una empresa toma menos de 24 horas. En Madrid, negocios pueden iniciar operaciones con solo una declaración responsable.
• Ahorro administrativo: en Reino Unido, se redujeron en un 33% las inspecciones y un 25% los formularios, liberando capacidad institucional.
• Mayor formalización: al eliminar barreras iniciales, muchos negocios antes informales ahora se registran voluntariamente.
• Mejora del cumplimiento: al centrar inspecciones en quienes incumplen, los gobiernos aumentan su eficacia sin castigar al ciudadano cumplidor.

5. Objeciones válidas y respuestas realistas

Hay quien argumenta que el control ex post abre la puerta al desorden. No niego que hay riesgos. Pero las experiencias exitosas lo demuestran: el enfoque no es “liberalizar para desaparecer”, sino “liberalizar para fiscalizar mejor”.

Las claves están claras:

• Clasificar actividades por riesgo, manteniendo control previo donde se justifique.
• Fortalecer fiscalización posterior, con más inspectores, tecnología y herramientas de análisis de datos.
• Sancionar con rigor, para disuadir el incumplimiento.
• Transparencia y trazabilidad, para evitar corrupción en las inspecciones posteriores.
• Educación ciudadana, para cultivar una cultura del cumplimiento y la responsabilidad.

6. ¿Y Costa Rica?

Costa Rica ya tiene elementos para empezar: el silencio positivo, la Ley N.º 8220 y algunas plataformas digitales. Pero el diseño institucional sigue anclado en la lógica del permiso. Si de verdad queremos una Contraloría moderna, debemos soltarla de la trampa del control previo, y permitir que audite lo que importa: el uso de recursos, la ejecución, los resultados. No el diseño del cartel licitatorio ni la redacción de una cláusula.

Un Estado moderno no puede darse el lujo de controlar todo antes de que ocurra. Debe intervenir inteligentemente, estratégicamente y sancionar con claridad. No se trata de ausentarse, sino de estar presente donde más se le necesita.

7. Conclusión: confianza con control

La fiscalización ex post no es una concesión a la informalidad. Es una apuesta por una ciudadanía más madura, por un sector privado más responsable, y por un Estado que no gaste su energía en controlar a todos por igual. Porque cuando todo se controla, nada se controla bien.

Costa Rica tiene frente a sí la oportunidad de transformarse. No destruyendo su institucionalidad, sino rediseñándola. Pasar del Estado que bloquea al Estado que habilita. Del funcionario que revisa sellos al que supervisa resultados. De una Contraloría que refrenda papeles, a una que fiscaliza realidades. Es hora de hacer ese giro.

No solo para facilitar los trámites, sino para gobernar mejor. Y en el fondo, para demostrar que un Estado inteligente no es el que lo controla todo, sino el que hace lo necesario, justo cuando hace falta.