Sin importar donde se encuentre en el debate simplista: Contraloría buena/Contraloría mala, Costa Rica enfrenta el desafío de equilibrar la eficiencia en la ejecución de infraestructura con la rigurosidad en el control del gasto público. La Contraloría General de la República (CGR) juega un rol protagónico en este balance, pero su modelo de fiscalización ha sido objeto de comparaciones y críticas. A continuación, analizo las diferencias entre el sistema costarricense y los de países de la OCDE en materia de control de la obra pública, con datos de eficiencia, fortalezas, debilidades y posibles mejoras.

Modelos institucionales de control de obra pública en la OCDE

En Costa Rica, la Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior (EFS) y goza de mandato constitucional para controlar el uso de fondos públicos. La Constitución (artículo 184) exige que todo contrato u obligación financiera del Estado sea aprobado (“refrendado”) por la Contraloría antes de ejecutarse . Esto significa que la CGR ejerce un control ex ante o previo: sin su visto bueno, un contrato de obra pública no puede iniciar. Adicionalmente, la CGR realiza auditorías posteriores (ex post) a la ejecución, evaluando si los fondos se usaron conforme a la ley.

En contraste, la mayoría de países de la OCDE privilegian modelos de control ex post. Sus entidades fiscalizadoras superiores (ya sean oficinas de auditoría general, tribunales de cuentas u organismos similares) típicamente auditan y evalúan los proyectos después de ejecutados, reportando hallazgos al parlamento y la ciudadanía. Por ejemplo, en el Reino Unido, la National Audit Office audita el gasto público una vez realizado, sin intervenir durante su ejecución; en Estados Unidos, la Government Accountability Office (GAO) depende del Congreso y revisa programas y obras terminadas para identificar sobrecostos o irregularidades, sin que su aprobación previa sea requisito para comenzar un proyecto.

En estos países, no existe un equivalente al “refrendo” obligatorio previo que tiene la CGR costarricense; más bien se confía en controles internos de cada agencia y en la responsabilidad de los funcionarios durante la ejecución, quedando la revisión exhaustiva para la etapa posterior.

Costa Rica representa un modelo institucional de control concentrado, preventivo y jurídico, mientras que el estándar OCDE tiende a un modelo descentralizado, posterior y basado en desempeño. Cada esquema tiene implicaciones distintas en la dinámica de ejecución de la obra pública, como veremos a continuación.

Indicadores de eficiencia en la fiscalización de obras públicas

Para dimensionar el impacto de estos modelos, es útil comparar indicadores de eficiencia relacionados con la contratación y ejecución de infraestructura:

• Aprobaciones y trámites: Costa Rica destaca por su lentitud en comparación internacional. Obtener permisos para una obra pública puede tardar alrededor de 180 días, mientras que en Panamá son unos 100 días y en varios países OCDE el lapso es menor. Esta demora adicional de tres meses ilustra la carga burocrática en Costa Rica, conocida por su alta complejidad administrativa y rigidez regulatoria en proyectos de construcción.

• Costo de la fiscalización y sobrecostos: Los retrasos en proyectos aumentan costos. En Costa Rica, cuatro proyectos viales recientes tuvieron sobrecostos de más de $820 millones debido a trámites y obstáculos. La inflación acumulada, los adendums contractuales y la prolongación de plazos encarecen la obra pública. Un estudio del Centro de Desarrollo de la OCDE (2023) indicó que las ineficiencias en la gestión pueden incrementar los costos hasta un 20% sobre lo presupuestado originalmente. Esto representa una pérdida de $20 millones por cada $100 millones previstos debido a demoras y trámites.

• Productividad y ejecución presupuestaria: Costa Rica invierte poco y ejecuta lentamente en infraestructura, con una inversión pública cercana al 1% del PIB, muy por debajo del promedio de países desarrollados. El Plan Nacional de Transportes del MOPT reconoce este nivel como insuficiente y aspira a elevar gradualmente la inversión al 4% del PIB para 2035. Las economías OCDE invierten típicamente entre el 3% y el 5% del PIB en capital público. La baja ejecución se debe tanto a la falta de fondos como a la dificultad de llevar a cabo los proyectos oportunamente, con informes recurrentes de la Contraloría mostrando sub-ejecución presupuestaria y devolución de dinero no gastado por trámites inconclusos al final de cada año fiscal.

• Calidad de la infraestructura y desempeño: Los resultados muestran demoras. En el Índice de Competitividad Global, Costa Rica obtuvo 2,5/7 en calidad de carreteras, muy por debajo del promedio OCDE de 5/7 (cifras pre-pandemia). Igualmente, la eficiencia portuaria y logística de Costa Rica es baja comparada con economías avanzadas. La infraestructura del país no solo sufre por falta de recursos, sino también por dificultades en ejecutar proyectos dentro del tiempo y el costo previstos.

• Carga burocrática percibida: Estudios internacionales y nacionales coinciden en la percepción de excesiva burocracia. El Índice de Competitividad Global 2023 resaltó que “la complejidad de los trámites administrativos y la falta de eficiencia gubernamental son barreras importantes para la ejecución efectiva de proyectos” en Costa Rica . Esta burocracia se manifiesta en múltiples requisitos, aprobaciones secuenciales y controles que, aunque diseñados para asegurar legalidad, terminan por entorpecer la ejecución. Organismos como el Banco Mundial (en su anterior indicador de Facilidad para Hacer Negocios) situaban a Costa Rica en posiciones rezagadas en el subíndice de permisos de construcción y manejo de contratos públicos, comparado con estándares OCDE.

• Retorno y valor del control: Los sistemas de fiscalización ahorran dinero al evitar despilfarros. En modelos OCDE, las auditorías de desempeño miden estos ahorros. La GAO de EE.UU. reportó $55.600 millones en beneficios financieros en 2022, equivalentes a un retorno de $74 por cada $1 de presupuesto. Este indicador muestra que invertir en control y auditoría puede prevenir gastos indebidos. Costa Rica no publica un ROI similar, pero la Contraloría informa de montos recuperados o economizados gracias a sus intervenciones, como anular licitaciones amañadas o impedir pagos improcedentes. Sin embargo, es crucial equilibrar el control con la agilidad para maximizar el valor público y evitar retrasos en obras importantes.

Los datos indican claramente que Costa Rica enfrenta mayores tiempos y costos en sus procesos de obra pública, afectando la cantidad y calidad de su infraestructura. En comparación, los países de la OCDE son más eficientes, con obras concluidas a tiempo y mayor inversión efectiva, gracias a marcos de control simplificados o enfocados en resultados, sin comprometer la transparencia. Esto invita a analizar las fortalezas y debilidades del modelo costarricense.

Diferencias entre el modelo costarricense y los OCDE: fortalezas y debilidades

A partir de lo anterior, se pueden delinear las principales diferencias estructurales entre el modelo de control de la CGR en Costa Rica y los modelos prevalentes en países OCDE, así como los puntos fuertes y débiles de cada uno:

• Control ex ante vs ex post: La diferencia más evidente es el carácter preventivo del control tico. La fortaleza de este enfoque es que puede detectar y corregir irregularidades antes de que se consumen. Al exigir la aprobación previa de la CGR, se evita comprometer fondos en contratos ilegales, sobrevalorados o mal formulados – un importante blindaje contra la corrupción y la mala gestión. No es casualidad que los grandes escándalos de corrupción del pasado (como el ICE-Alcatel o CCSS-Fischel) salieran a la luz y fueran procesados, en parte gracias a los mecanismos de control existentes . Sin embargo, el lado débil es que el control previo ralentiza la gestión. Cada refrendo puede implicar meses de revisión documental en la CGR, y si se halla algún error o falta, el expediente regresa a la institución proponente para corrección, encadenando retrasos. En países OCDE, al no tener este candado previo, los proyectos pueden iniciar más rápido una vez adjudicados, ganando agilidad; pero también asumen el riesgo de que algún contrato problemático avance y deba enfrentarse luego en tribunales o con sanciones posteriores.

• Modelo centralizado vs descentralizado: Costa Rica concentra la autoridad fiscalizadora en la CGR, que actúa como única instancia superior de control externo. Esto es una fortaleza en términos de uniformidad de criterios y poder institucional: la CGR tiene ascendencia sobre todas las entidades públicas y puede impulsar estándares comunes de rendición de cuentas. Además, su independencia le permite fiscalizar incluso a las altas autoridades sin interferencias políticas directas. En cambio, muchos países OCDE distribuyen funciones de control: combinan auditorías internas en los ministerios, agencias regulatorias y la revisión de la EFS a posteriori. Esa descentralización puede ser eficiente pero también fragmentar la responsabilidad. Un punto débil del esquema costarricense es la sobrecarga de la CGR: al ser el embudo por el que pasan numerosos procesos (presupuestos, contrataciones, apelaciones, etc.), la Contraloría puede convertirse en un cuello de botella si sus capacidades se ven superadas. Mientras tanto, la debilidad de modelos OCDE podría ser la falta de un ente único vigilante en el momento, confiando en que cada entidad se autocontrole correctamente – algo que funciona bien en entornos de alta profesionalización, pero que en contextos de menor capacidad podría dejar vacíos.

• Ámbito de acción – legalidad vs desempeño: La CGR se ha centrado tradicionalmente en el control de legalidad y cumplimiento. Verifica que los contratos cumplan con las normas y sus auditorías revisan el apego a la ley. Esto asegura rigor técnico y jurídico, evitando objeciones de ilegitimidad en el uso de fondos en Costa Rica. Sin embargo, las EFS de países desarrollados ahora priorizan auditorías de desempeño, evaluando eficiencia y eficacia más allá del cumplimiento formal. En Costa Rica, este enfoque en resultados es secundario. Como debilidad, un proyecto puede cumplir con todos los trámites pero fallar en resultados; por ejemplo, una carretera licitada correctamente podría entregarse tarde o con sobrecostos. La CGR señalará incumplimientos después del hecho, pero el daño en términos de desarrollo ya está hecho. La fortaleza del modelo OCDE es que la evaluación de desempeño proporciona retroalimentación estratégica y mejora la eficacia gubernamental, mientras que el enfoque legalista tiende a ser reactivo y sancionador.

• Mecanismos de impugnación y control social: En Costa Rica, la CGR actúa como tribunal de alzada en licitaciones. Los oferentes pueden apelar ante la Contraloría, lo que congela el proceso hasta resolver. Esto busca fortalecer la transparencia y brindar confianza, aunque en realidad muchas apelaciones son dilatorias y sin fundamento, consumiendo semanas o meses. Según información de la misma CGR más del 72% de las apelaciones son rechazadas por improcedentes, indicando abuso del recurso para retrasar obras. En países OCDE, las protestas se resuelven más rápido mediante cortes especializadas o mediaciones, evitando distraer al auditor público en litigios. El esquema tico ofrece garantías legales, pero es susceptible a tácticas obstruccionistas que frenan la ejecución.

• Impacto en la ejecución de proyectos: El modelo costarricense se distingue por un control riguroso durante todo el ciclo del proyecto, permitiendo la detección temprana de problemas. La CGR ha suspendido desembolsos o contratos ante gestiones deficientes, evitando pérdidas mayores. Esta intervención oportuna es una fortaleza que ha corregido varias obras defectuosas antes de su finalización. Sin embargo, cada intervención genera pausas e incertidumbre, dejando importantes proyectos en transporte y salud «en el limbo» temporalmente. Costa Rica presenta un retraso en infraestructura física atribuido a la lentitud de sus procesos. En países OCDE, la EFS rara vez detiene un proyecto en curso, interviniendo después cuando puede ser tarde para corregir retrasos. El modelo costarricense prioriza la prevención del error sobre la rapidez, mientras otros privilegian la celeridad, incluso si se deben hacer correcciones posteriores.

Costa Rica cuenta con un sistema de control robusto y burocrático, que asegura una alta integridad formal a expensas de la agilidad y ejecución eficiente. Los modelos de la OCDE tienden a ser más ágiles y orientados a resultados, aunque dependen de la madurez institucional para evitar descontrol o corrupción. En los países desarrollados no hay menos control, sino que se aplica de manera diferente: con mayor confianza en la gestión durante el proceso y controles internos, con sanciones y escrutinio fuertes al final; mientras que en Costa Rica el control externo se inserta en cada etapa, a veces duplicando funciones que podrían hacerse internamente. Esto alimenta el debate sobre si el modelo costarricense necesita reformas.

Cuestionamientos actuales al modelo costarricense

En los últimos años, el modelo de la Contraloría en Costa Rica ha sido objeto de críticas crecientes, en particular desde sectores políticos y productivos que claman por mayor rapidez en la ejecución de obras. Entre los cuestionamientos principales se encuentran:

• Exceso de burocracia y controles “redundantes”: La percepción de que “Costa Rica está ahogada en trámites” se ha vuelto generalizada. Medios locales y líderes de opinión han señalado que la burocracia “no es un mito, sino una realidad que atrasa el progreso de la nación” . Se habla de un laberinto normativo donde para avanzar en una obra se requieren decenas de gestiones ante múltiples entidades (municipios, SETENA ambiental, MOPT, CGR, etc.), generando un entorno poco amigable para la inversión y la innovación. En este contexto, la Contraloría suele mencionarse como parte del problema burocrático, dado su escrutinio detallado de cada contrato y su involucramiento en las apelaciones. Miembros del gobierno actual han llegado a afirmar que “hay un exceso de controles previos malentendidos” en la gestión pública que resta al país la posibilidad de avanzar en infraestructura . Esta frase de la ex-ministra de Planificación Laura Fernández resume una queja común: que algunos controles de la CGR se interpretarían y aplicarían de forma excesivamente formalista, entorpeciendo proyectos sin agregar verdadero valor. Desde esta óptica crítica, la CGR –con las mejores intenciones de asegurar legalidad– estaría sobre-regulando o duplicando controles ya realizados por otras instancias, produciendo demoras innecesarias.

• Infraestructura atrasada en Costa Rica: El país enfrenta serias brechas en infraestructura como carreteras congestionadas y puentes en mal estado. Los procesos de contratación son engorrosos, afectados por el marco legal y órganos contralores. La prensa ha documentado casos específicos: la carretera a Limón (Ruta 32) acumuló cinco años de retraso desde su inicio en 2018; la nueva carretera a San Carlos lleva más de una década estancada por burocracia y litigios; el proyecto Circunvalación Norte en San José sufrió múltiples aplazamientos aumentando su costo. Gremios como la Cámara Costarricense de la Construcción señalan que la burocracia y las demoras en aprobaciones encarecen las obras y afectan el crecimiento económico. Las apelaciones también impiden la pronta adjudicación de proyectos. Se han solicitado reformas para agilizar licitaciones y limitar maniobras dilatorias.

Los cuestionamientos al modelo costarricense se centran en la dicotomía «control vs. agilidad». Se critica por ser excesivamente garantista, con trámites que retrasan la infraestructura urgente, encarecen proyectos y frustran necesidades ciudadanas. Se propone modernizar y simplificar el sistema de control para agilizar la construcción estatal. Sin embargo, algunos sostienen que los problemas son más bien institucionales (baja capacidad técnica, mala planificación, poca coordinación inter-agencial) y que debilitar los controles sin mejorar esas capacidades sería peligroso. La meta debe ser mejorar la eficiencia de los controles.

Recomendaciones para mejorar el sistema costarricense

Frente a este escenario, surgen sugerencias puntuales y viables para modernizar el sistema de control de obra pública en Costa Rica, de modo que se aumente la eficiencia y se mantenga la rendición de cuentas, sin obstaculizar la ejecución. A continuación, comparto algunas sugerencias que, en año electoral, pueden ser útiles para los candidatos que piensen que este tema debe ser abordado:

• Transitar gradualmente de un control ex ante universal a uno selectivo y basado en riesgos: Siguiendo recomendaciones de la OCDE, Costa Rica podría reducir paulatinamente los controles previos en proyectos cuyos ejecutores demuestren buena capacidad y sistemas internos robustos. Esto implica que la CGR focalice sus refrendos en los contratos de mayor monto o complejidad, mientras delega mayor autonomía a las unidades ejecutoras en proyectos rutinarios. Para lograrlo, es clave fortalecer los controles internos: capacitar y certificar las auditorías internas de ministerios y municipalidades, de forma que la Contraloría confíe en su trabajo y actúe más como supervisora que como filtro de todo. La CGR podría, por ejemplo, implementar un programa piloto donde en ciertos sectores (educación, municipal) solo audite posterior y evalúe resultados; si funcionan bien, ampliar la experiencia. Este enfoque risk-based permitiría concentrar los recursos de la CGR donde más se necesitan (grandes obras, entidades con historial problemático) y agilizaría el resto de contrataciones.

• Implementar un modelo de control concurrente durante la ejecución de obras: Inspirado en las reformas de la Contraloría de Perú, se propone que la CGR adopte un esquema de acompañamiento concurrente en proyectos estratégicos. Bajo este modelo, auditores de la CGR trabajarían in situ junto al proyecto desde el inicio, revisando partidas y alertando de desviaciones o riesgos en tiempo real, sin detener la obra. Según el contralor peruano Nelson Shack, el “control concurrente” ha sido eje central de un enfoque preventivo ágil y oportuno en Perú . En Costa Rica, un equipo de la Contraloría por proyecto podría emitir informes periódicos con hallazgos y recomendaciones correctivas inmediatas (por ejemplo, advertir de un atraso incipiente o de fallas constructivas), de tal forma que la institución ejecutora corrija sobre la marcha. La gran ventaja es prevenir daños sin necesidad de paralizar completamente el proyecto, salvo casos gravísimos. Este acompañamiento tendría que estar respaldado por reforma legal para encajar con las competencias de la CGR, pero es viable y ya ha sido sugerido en foros técnicos latinoamericanos. Mantiene la vigilancia, pero con mentalidad de solucionar problemas, no solo de sancionarlos.

• Agilizar y reformar el proceso de apelaciones en contrataciones: Para evitar abusos que entorpecen licitaciones, es imprescindible introducir filtros a las apelaciones ante la Contraloría. Una propuesta concreta es establecer un depósito o costo para apelar, de modo que si una empresa impugna temerariamente y pierde, deba asumir una penalidad (por ejemplo, perder el depósito) . Esto desincentivaría las apelaciones sin fundamento, reservándolas para casos donde realmente se crea en una irregularidad. Adicionalmente, se podría acortar los plazos que tiene la CGR para resolver recursos (hoy la ley fija ciertos días, pero podría reducirse para obras prioritarias) y habilitar más personal o fast-track interno cuando se trate de proyectos de alto impacto nacional. Otra opción es trasladar la competencia de conocer apelaciones a un tribunal administrativo independiente especializado en contrataciones, lo que sacaría a la CGR de esa tarea contenciosa y le permitiría enfocarse en su rol auditor. Cualquiera de estas medidas debe buscar el equilibrio: garantizar el derecho a impugnar cuando haya razones legítimas, pero eliminar la “apelación-perreta” cuyo único objetivo es atrasar al rival o al Estado. Con menos apelaciones frívolas, los concursos se adjudicarán en menos tiempo y las obras podrán iniciar antes, ahorrando meses valiosos.

• Simplificación administrativa y digitalización de trámites: Muchas demoras provienen de procesos manuales, expedientes físicos y requisitos redundantes. Se recomienda profundizar la digitalización de la contratación pública (plataforma SICOP) para que todos los procesos –desde carteles hasta refrendos– se hagan en línea y de forma transparente. Una plataforma única de compras para todo el sector público, sugerida por la OCDE, con integración de ventanillas electrónicas, reduciría pasos burocráticos . Igualmente, implementar ventanillas únicas para permisos (ambientales, municipales) permitiría que los proyectos de infraestructura no se detengan navegando múltiples instituciones. La meta debe ser acortar tiempos sin sacrificar controles, y la tecnología es aliada para lograrlo: sistemas de alerta temprana, firmas digitales, seguimiento en tiempo real de hitos, etc. Costa Rica ya ha avanzado en gobierno digital, pero queda integrar totalmente a la CGR en ese ecosistema. Un trámite de refrendo, que hoy puede implicar enviar cajas de documentos, debería resolverse con un clic si todo está conforme. La experiencia de otros países muestra que la tramitación electrónica puede recortar hasta 30-50% los tiempos de contratación al eliminar idas y vueltas en papel.

• Mejor planificación y evaluación de proyectos (gestión por resultados): Otra vía de mejora es atacar la causa raíz de muchas observaciones de la CGR: la débil preparación de proyectos. Se sugiere instaurar obligatoriamente una evaluación ex ante de calidad para los grandes proyectos de obra antes de licitarlos (por ejemplo, una revisión independiente de estudios, diseños y presupuestos). Si los pliegos salen bien hechos, la Contraloría encontrará menos que objetar. Además, hay que fortalecer la capacidad de gestión en las unidades ejecutoras: capacitarlas en formulación de proyectos, gerencia de obra, control de costos y cronogramas. La OCDE señaló que la falta de planificación adecuada y coordinación interinstitucional contribuye a retrasos y sobrecostos en Costa Rica . Invertir en personal técnico competente y en metodologías de gestión de proyectos (PMI, por ejemplo) dentro del Estado hará que los proyectos marchen mejor y requieran menos intervenciones correctivas externas. En paralelo, fomentar la participación ciudadana y la transparencia proactiva (por ejemplo, publicar en un portal los avances físicos y financieros de cada proyecto) añadirá control social, reduciendo la carga exclusivamente sobre la CGR.

• Ajustes al marco legal para equilibrar agilidad y control: Por último, conviene revisar las leyes y reglamentos pertinentes (Ley de Contratación Pública, Ley Orgánica de la CGR, etc.) para introducir cláusulas de excepción bien calibradas. Por ejemplo, podría contemplarse un procedimiento especial expedito para proyectos de emergencia o de interés nacional, donde la CGR participe desde el inicio en una mesa de trabajo conjunta en vez de al final en modo fiscalizador. También se podría elevar los umbrales monetarios a partir de los cuales se requiere refrendo contralor, de modo que proyectos pequeños y medianos (con menos riesgo fiscal) no se atasquen esperando aprobación. Cualquier cambio legal debe hacerse con cuidado de no abrir portillos a la opacidad, sino buscando que el control público se adapte a la escala y urgencia de los proyectos. Las reformas deben cerrar ambigüedades que hoy generan interpretaciones restrictivas; por ejemplo, delimitar con claridad los documentos que la CGR necesita para refrendar, evitando requerir información excesiva que ya conste en otras instancias. En resumen, modernizar el andamiaje normativo para que la Contraloría pueda cumplir su misión de forma más estratégica y menos procedimental.

Implementar estas mejoras permitiría a Costa Rica agilizar la ejecución de infraestructura sin renunciar a la rendición de cuentas. El objetivo es pasar de un sistema percibido como obstáculo, a uno visto como garantía eficiente. La voz crítica, técnica y estratégica debe abogar por un Estado que construya puentes y carreteras rápido y bien: rápido, aprendiendo de las prácticas ágiles de gestión de proyectos de países OCDE; y bien, preservando los altos estándares de transparencia y legalidad que Costa Rica ha cultivado. Lograr este balance es posible –varios países lo han hecho– y es imperativo para que el país cierre sus brechas de desarrollo sin comprometer sus valores democráticos.

En palabras simples, se trata de evolucionar el control público del siglo XX al siglo XXI: de la fiscalización orientada al papeleo, hacia una fiscalización inteligente orientada a resultados. Costa Rica puede mantener a su Contraloría General como guardián del interés público, pero dándole las herramientas y el enfoque para que ese cuidado no se traduzca en inmovilismo. Con voluntad política, cooperación interinstitucional y enfoque en las mejores prácticas internacionales, el sistema costarricense de control de obra pública puede transformarse en un facilitador de la infraestructura que tanto se necesita, asegurando eficiencia con integridad.

Tabla 1. Comparación resumida del control de obra pública: Costa Rica vs. enfoque OCDE

Fuente: Elaboración propia con datos de CGR, OCDE y organismos internacionales citados en el texto .

Aspecto	Costa Rica – CGR (modelo actual)	Enfoque en países OCDE (general)
Tipo de control predominante	Ex ante (preventivo). La CGR debe aprobar contratos antes de su ejecución, con fundamento constitucional . También realiza control ex post, pero su rol distintivo es previo.	Ex post (posterior). Las EFS auditan una vez ejecutados los proyectos, enfocándose en resultados y legalidad cumplida. Rara vez existe un requisito de aprobación previa de un contrato por la EFS.
Rol en contratación y licitación	Interviene directamente: Refrenda contratos mayores, resuelve apelaciones de licitaciones (suspende el proceso mientras tanto), verifica adendas y pagos adicionales en obras .	Supervisión indirecta: No suele participar en tiempo real. Las controversias se manejan en comités o tribunales administrativos especializados, y la EFS observa externamente.
Fortalezas	– Alto aseguramiento de cumplimiento legal y normativo (mínimo margen para actos ilegales en contratación).- Independencia institucional que le permite auditar incluso a altos jerarcas.- Detección temprana de irregularidades antes de que se materialicen pagos indebidos o daños mayores .	– Mayor rapidez en iniciar y ejecutar proyectos al no esperar autorizaciones externas previas.- Enfoque en desempeño: las auditorías posteriores evalúan eficacia y economía, promoviendo mejoras a futuro.- Menor carga burocrática durante el proceso, reduciendo costos administrativos y tiempos muertos.
Debilidades	– Burocracia y demoras: trámites prolongados para conseguir aprobación, multiplicidad de pasos y requisitos .- Riesgo de “parálisis por análisis”: actores temerosos de actuar sin visto bueno, ralentizando la gestión.- Sobrecarga de trabajo en la CGR, que puede diluir su atención en procesos menores en vez de focalizarse en lo crítico.	– Posible detección tardía de problemas (cuando el proyecto ya está ejecutado, corregir es costoso o imposible).- Depende fuertemente de la capacidad y honestidad de los órganos internos de control; si estos fallan, la EFS llega después del daño.- Menor uniformidad: con cada agencia manejando sus controles, pueden haber variaciones en la calidad de la fiscalización.
Indicadores de desempeño recientes	– Tiempos de trámite de permisos y contratos significativamente altos (ej. ~180 días en permisos de obra) .- Baja ejecución de presupuesto en infraestructura (~1% PIB) y obras importantes con años de atraso .- Índice de calidad de carreteras 2.5/7 (WEF), muy rezagado.	– Tiempos de contratación menores (ej. varios países resuelven adjudicaciones en semanas y permisos en pocos meses).- Inversión pública más alta en proporción al PIB, con proyectos concluidos según cronograma en mayor medida.- Infraestructura de mejor calidad percibida (promedio índice carreteras ~5/7) , reflejo de menos retrasos y sobrecostos.
Tendencias de reforma	– Discusión sobre reducir controles previos excesivos y modernizar la CGR para enfoque más estratégico.- Propuestas de ley para agilizar licitaciones y limitar apelaciones abusivas .- Iniciativas de digitalización (SICOP) en marcha para simplificar trámites.	– Fortalecimiento de auditorías de valor por dinero y uso de análisis de datos para focalizar hallazgos.- Creciente cooperación entre EFS y agencias anticorrupción para ataque frontal a grandes fraudes, dejando lo procedimental automatizado.- Intercambio de buenas prácticas vía OCDE/INTOSAI para equilibrar control y eficiencia (ej. guía de risk management).

La Contraloría General de Costa Rica fue pilar en la defensa de la legalidad y la transparencia, atributos que el país valora y que lo distinguen en la región. No obstante, los tiempos han cambiado: hoy la ciudadanía demanda no solo integridad en el uso de fondos, sino también resultados tangibles en infraestructura y servicios. El análisis comparativo con prácticas de la OCDE muestra que es posible tener ambas cosas, siempre que se esté dispuesto a reformar con visión estratégica. Un sistema de control inteligente debe saber en qué batallas entrar y cuáles delegar, apoyarse en la tecnología y en el profesionalismo de los gestores públicos, y mantener siempre al contribuyente como beneficiario último – ya sea protegiendo sus recursos o entregándole obras de calidad a tiempo.

Costa Rica enfrenta el reto de derribar la falsa dicotomía entre control y desarrollo. Con las reformas adecuadas, la Contraloría puede pasar de ser vista como una traba burocrática a ser reconocida como garante de buenos proyectos: aquellos que se hacen rápido, con calidad y sin corrupción. En la medida en que logremos ese equilibrio, cada carretera nueva, cada puente y cada hospital construido serán testimonio no solo del progreso material, sino también de la madurez institucional de un país que supo modernizarse sin perder su esencia. En última instancia, eficiencia y rendición de cuentas deben ir de la mano – ese es el horizonte al que Costa Rica debe aspirar en materia de obra pública y control fiscal.