El día de ayer el editorial de LA NACION señala que el contrabando de cigarrillos se ha convertido en la caja chica del narco, y en esta entrega voy a explicar por qué. Costa Rica enfrenta una paradoja alarmante: los altos impuestos al tabaco, diseñados para desalentar el consumo, han incentivado un mercado negro masivo de cigarrillos que fortalece al crimen organizado. Según datos oficiales, el contrabando de cigarrillos ya abarca en torno al 40% del mercado nacional y ha causado pérdidas fiscales millonarias. En los últimos tres años, Hacienda dejó de percibir unos ₡110.000 millones (más de $180 millones) por impuestos no cobrados debido a este comercio ilícito . Irónicamente, mientras el Estado buscaba proteger la salud pública encareciendo el cigarro, ha terminado por enriquecer a las mafias locales e internacionales, que ahora usan estos ingresos para financiar desde transportistas hasta sicarios . Todo ello ocurre sin lograr una reducción significativa del consumo de tabaco, lo que evidencia un fracaso de política pública.
Elasticidad de la demanda: cuando el precio sube pero la compra no baja
Para entender el problema, hay que explicar el concepto de elasticidad de la demanda. La elasticidad mide cuánto varía la cantidad demandada de un producto cuando cambia su precio. En el caso de bienes con demanda inelástica, como los cigarrillos, los consumidores no reducen sustancialmente su consumo aunque el precio aumente. Dicho de forma sencilla: si el precio sube drásticamente, el fumador adicto seguirá fumando casi la misma cantidad, buscando la manera de costear su hábito. Estudios económicos ubican la elasticidad-precio del tabaco típicamente entre -0,3 y -0,6 , lo que significa que un incremento del 10% en el precio apenas disminuye el consumo en un 3% a 6%. En países de ingresos medios como Costa Rica, esta sensibilidad es limitada (elasticidad alrededor de -0,4 ), confirmando que el cigarrillo es muy poco sensible al precio.
En Costa Rica esta realidad se hizo patente. Tras la aprobación de la Ley Antitabaco en 2012, que elevó considerablemente los impuestos (¢20 específicos por cigarrillo, más componentes ad-valorem), muchos creyeron que el consumo “se desplomaría”. No fue así: “lo único que ha pasado es que el contrabando se disparó”, advirtió en 2014 un análisis en La Nación . Pensar que simplemente “si le subimos el impuesto… nadie va a comprar” es desconocer cómo opera un mercado inelástico . El fumador habitual no deja el cigarro por caro que esté; busca alternativas. Y si la alternativa legal es demasiado costosa, surgirá una vía ilegal más barata. En resumen, con una demanda rígida, el impuesto alto no elimina la demanda, solo la desvía hacia canales fuera de la ley.
El caso costarricense: impuestos altos, contrabando al alza
Los datos duros reflejan el impacto de esta dinámica en Costa Rica. Tras la entrada en vigor de la Ley Antitabaco (marzo 2012), el volumen de cigarrillos ilegales incautados se multiplicó por nueve en solo un año (2013 vs 2012) . Para 2025, las estimaciones indican que casi la mitad de los cigarrillos consumidos en el país son de contrabando . Esto equivale a 105 millones de cajetillas ilícitas en tres años recientes , una cifra asombrosa que deja entrever cuánto producto evade los controles. Cada cigarrillo legal paga ₡26 de impuesto ; al evadir esa carga, las mafias ofrecen cajetillas mucho más baratas, ganando mercado entre fumadores que buscan precio. El resultado: el Estado pierde entre $26 y $100 millones anuales en recaudación que terminan en los bolsillos de criminales .
Las consecuencias negativas de esta situación son múltiples y preocupantes:
- Financiamiento al crimen organizado: Bandas de narcotráfico usan el contrabando de cigarrillos para financiar sus operaciones diarias. El fiscal adjunto Mauricio Boraschi confirmó que los narcos convirtieron estos ingresos en su “caja chica”, dinero fresco con el que pagan transportistas, vendedores y sicarios mientras esperan las ganancias mayores del narcotráfico . En México, por ejemplo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación opera incluso un “Cártel del Tabaco” con fábricas y redes propias para explotar este negocio .
- Pérdida fiscal masiva: Cada cajetilla ilegal evade impuestos destinados a salud pública. En tres años Costa Rica dejó de percibir unos ₡110.000 millones por contrabando . Paradójicamente, los impuestos al tabaco fueron creados para ayudar a costear al sistema de salud, pero ahora menos del 17% de los costos sanitarios asociados al tabaco se cubren con esos tributos debido a la evasión rampante.
- Productos más peligrosos para el consumidor: Los cigarrillos ilegales no pasan controles sanitarios. Pueden ser de contrabando asiático (marcas como Gold City, Silver Elephant, Indigo y otras) y contener sustancias de baja calidad o adulteradas. “Podrían estar fumando zacate o boñiga seca procesada, sin saberlo”, alertó el propio Boraschi . Es decir, el fumador no deja de fumar, pero ahora fuma algo potencialmente más dañino, aumentando riesgos de infartos, cáncer u otras enfermedades – costos que termina asumiendo el sistema de salud.
- Escaso impacto en la reducción del consumo: La meta sanitaria de reducir la cantidad de fumadores no se está logrando. Experiencias como la de Panamá muestran que impuestos desmedidos no reducen el consumo: tras un alza fuerte en 2009 “no solo no se alcanzaron los objetivos de salud pública de reducción del consumo, sino que… se puso en riesgo la recaudación” . En Costa Rica, las autoridades reconocen que es difícil medir si hubo caída en fumadores porque buena parte de la actividad se volvió clandestina . Lo cierto es que el fumador continúa consiguiendo cigarrillos, ya sea de marcas legales más baratas, productos de contrabando o incluso comprando unidades sueltas en la calle. La represión fiscal, por sí sola, no lo hizo dejar el hábito.
En este contexto, Costa Rica se encuentra con un mercado legal encogido y una industria formal golpeada, mientras las redes ilegales florecen a plena luz del día. Un recorrido periodístico reciente mostró ventas de cigarros de contrabando “en cada esquina” del centro de San José, con puestos ambulantes ofreciendo cigarrillos sueltos a precios irrisorios a pocos metros de las autoridades . La permisividad, sumada a vacíos legales (como multas bajas a vendedores informales), ha dificultado cerrar estos negocios ilícitos . En la frontera sur, la Zona Libre de Colón en Panamá actúa como fuente principal: se estima que más del 90% de los cigarrillos consumidos en Panamá son ilícitos , muchos de los cuales ingresan luego a Costa Rica por puntos fronterizos permeables. En pocas palabras, los altos impuestos locales crearon un incentivo enorme para el contrabando, abastecido por proveedores internacionales y facilitado por la corrupción y la falta de controles eficaces.
Educación y no impuestos: la única vía para reducir el tabaquismo
Si la estrategia de encarecer el cigarrillo ha fallado en lograr su objetivo de salud, ¿qué funciona entonces para que la gente deje de fumar? La respuesta de fondo es: educación, conciencia y apoyo al fumador. El consumo de tabaco es un hábito adictivo profundamente arraigado, con causas psicológicas y sociales. Un paquete más caro no ataca la ansiedad, la adicción ni las motivaciones emocionales que llevan a una persona a encender un cigarro. Como bien señala un analista, “fumar es un hábito con diversas causas… responder a ‘vacíos emocionales’, mala autoestima, reforzamientos, aprendizaje social, etc.”, y para cambiarlo “se requieren más que medidas arbitrarias y de imposición centralizada” . Es decir, se necesita educar, prevenir y tratar.
Los países que han logrado bajar sus tasas de fumado a mínimos históricos lo han hecho combinando campañas educativas persistentes, programas de cesación (terapias de apoyo, líneas de ayuda, alternativas menos dañinas) y restricciones inteligentes, más que solo golpes al bolsillo. Por ejemplo, en lugares donde fumar se volvió socialmente inaceptable fue gracias a décadas de información sobre sus perjuicios, no únicamente por encarecer el producto. Cada vez que una persona comprende realmente el daño del tabaco y cuenta con herramientas para dejarlo (información, parches de nicotina, apoyo médico o psicológico), las probabilidades de abandono aumentan. La concientización desde la juventud es clave: evitar que nuevos consumidores caigan en el vicio mediante educación escolar y campañas mediáticas ha probado ser más efectivo para disminuir la prevalencia que confiar en que un precio alto los ahuyente.
Costa Rica debe redoblar la educación pública sobre el tabaquismo. Invertir en campañas creativas y directas que desnormalicen el fumar, visibilizar los costos reales en salud de cada cigarro (más allá de poner imágenes disuasorias en las cajetillas), e incluso promover alternativas de menor riesgo para fumadores empedernidos, son medidas con un impacto más genuino a largo plazo. Convencer a 100 fumadores de que dejen el cigarro mediante información y ayuda vale más que encarecerles el producto y que 90 de ellos lo compren ilegalmente. Al final del día, la demanda solo caerá de verdad cuando caiga el número de fumadores, y eso se logra cambiando mentalidades, no maximizando impuestos.
Fanatismo fiscal antitabaco: cuando la cura es peor que la enfermedad
¿Por qué, entonces, se ha insistido tanto en subir impuestos sin mirar las consecuencias? En buena medida, por la influencia de un lobby antitabaco dogmático que ha promovido estas políticas casi como un fin en sí mismo. Organizaciones locales e internacionales, muchas financiadas por fundaciones de millonarios como Michael Bloomberg, llevan años presionando para aumentar los impuestos al cigarrillo “porque sí”, convencidas de que es la panacea para reducir el consumo. La Red Nacional Antitabaco (RENATA) en Costa Rica, por ejemplo, impulsa actualmente un proyecto de ley para subir otro 30% los impuestos al tabaco . Sus portavoces repiten que el aumento impositivo es “la medida más efectiva” para la cesación y minimizan el problema del contrabando, alegando (sin ofrecer pruebas independientes) que el comercio ilícito “no depende de los impuestos, sino de la fiscalización y la corrupción” . Incluso cuestionan los estudios que vinculan impuestos altos con contrabando, tildándolos de poco metodológicos . Esta postura, no obstante, raya en la negación de la realidad.
Un informe del Competitive Enterprise Institute (CEI) revelado en 2022 expuso cómo la agenda global antitabaco promovida con fondos de Bloomberg ha llevado a políticas extremas que no benefician ni a los fumadores ni a la salud pública . Dicho reporte señala que Bloomberg y sus aliados se oponen ideológicamente a enfoques más equilibrados (como la reducción de daños con vapeadores o tabaco sin humo) y han fomentado “campañas de desinformación” que demonizan cualquier alternativa al dogma de “impuesto alto, prohibición total” . En países de ingresos medios como Costa Rica, esta influencia ha sido palpable : se priorizaron las medidas fiscales punitivas sin desarrollar simultáneamente la infraestructura para combatir el contrabando ni programas robustos de cesación. El resultado es el que hoy observamos: un mercado negro descontrolado, una recaudación fiscal mermada y escaso avance en la reducción del tabaquismo. El fanatismo de ciertos sectores antitabaco por las soluciones fáciles (subir impuestos, restringir y ya) termina saboteando sus propios fines, al crear las condiciones para que proliferen efectos indeseados.
Conclusión: reequilibrar la estrategia antitabaco
El caso de los cigarrillos en Costa Rica deja una lección contundente: cuando un remedio fracasa, hay que cambiar de estrategia. Mantener impuestos altísimos a un producto de demanda inelástica únicamente ha conseguido trasladar el problema del sector legal al ilegal, sin disminuir significativamente el número de fumadores. Peor aún, ha convertido al contrabando de cigarrillos en una amenaza a la seguridad nacional, pues financia al crimen organizado y corrompe las estructuras económicas. Es hora de reequilibrar la política antitabaco. En lugar de tratar el cigarrillo solo como un asunto fiscal, hay que abordarlo como lo que es: un tema de salud pública y educación ciudadana.
¿Qué implica esto? Primero, frenar nuevas alzas impositivas desproporcionadas hasta que el contrabando esté bajo control. Subir más los impuestos en las condiciones actuales sería echar gasolina al fuego del mercado negro. Segundo, fortalecer la lucha contra el contrabando con un enfoque integral: dotar de recursos y facultades a Aduanas, Policía de Fronteras y fiscalía para desarticular las grandes redes (no solo decomisar cajetillas) , y revisar la legislación para castigar adecuadamente el contrabando agravado y a quienes lo dirigen . No podemos permitir la impunidad de que un expolicía identificado dirija la distribución de cigarros ilegales en San José, como denunció un jefe policial, mientras las sanciones quedan en faltas menores . Tercero y más importante, apostar por la prevención y la cesación: invertir parte de lo recaudado en verdaderos programas para ayudar a los fumadores a dejar el vicio, campañas masivas de sensibilización, control efectivo de ventas a menores y, en general, educar a la población sobre los peligros del tabaco. Solo reduciendo la demanda real – es decir, haciendo que menos personas quieran o necesiten fumar – se podrá vencer al tabaquismo sin generar efectos colaterales.
En conclusión, el aumento exagerado de impuestos al cigarrillo ha sido un incentivo perverso para el contrabando en Costa Rica, producto en gran medida de políticas dogmáticas que no atendieron la evidencia económica. Cuando un bien tiene demanda muy inelástica, encarecerlo no elimina su consumo: los fumadores migran a opciones más baratas (legales o ilegales) en lugar de abandonar el hábito. La lucha contra el tabaquismo no se ganará con medidas simplistas ni con fervor ciego, sino con pragmatismo e inteligencia. Es momento de quitarle el negocio al narco y devolver la salud pública al cauce correcto, educando en vez de prohibiendo – porque solo mediante la educación y la conciencia podremos lograr, a largo plazo, una Costa Rica libre de humo por convicción y no solo por decreto.