Cuando impulsé como diputado la derogatoria de la llamada “Ley contra la Usura” (Ley N.º 9859), lo hice con la convicción de que el mercado, incluso el financiero, funciona mejor cuando se le permite competir libremente. En teoría, más competencia significa mejores condiciones para el consumidor: menores tasas, mayor oferta, servicios más eficientes. Pero la realidad, especialmente en mercados altamente concentrados como el de tarjetas de crédito, no siempre se ajusta a la teoría. Hoy, con cinco años de evidencia acumulada, debo admitir que los efectos no deseados de esta ley han sido tan severos que exigen una reforma no cosmética, sino estructural. Y sí: debe ser agresiva. Pero también admito que la derogatoria total no es la vía adecuada.
Digamos que La Ley N.º 9859 nació con buenas intenciones. Nadie cuestiona el principio que la sustenta: evitar que personas vulnerables sean atrapadas por tasas de interés exorbitantes que convierten un crédito en una condena financiera. La ley introdujo topes máximos a las tasas de interés que las entidades podían cobrar, fijados semestralmente por el Banco Central. Para créditos personales en colones, el tope ha oscilado entre un 37% y un 50% anual; para microcréditos, entre un 45% y un 60%.
Pero la implementación mostró una cara más cruda. Porque aunque la ley bajó las tasas, también restringió drásticamente el acceso al crédito para quienes, desde la óptica del sistema, representan mayor riesgo. ¿Qué hicieron las entidades financieras? Lo esperable: dejaron de prestar donde no podían compensar el riesgo con tasas más altas. Resultado: miles de personas expulsadas del sistema formal.
Según la Asociación de Microfinanzas de Costa Rica, cerca de 60.000 personas por año quedaron sin acceso a microcréditos tras la aprobación de la ley. Estas no son cifras abstractas. Son emprendedores, jefas de hogar, trabajadores informales, estudiantes y ciudadanos que no califican para un crédito bancario tradicional, pero que antes podían acceder a productos diseñados para su perfil. Productos caros, sí. Pero formales. Regulados. Hoy, esos costarricenses están en otra parte. Y la mayoría no en mejores condiciones.
El crédito informal –ese que nunca aparece en estadísticas oficiales pero que se siente en las aceras, las casas y los barrios– ha crecido. El fenómeno de los préstamos “gota a gota” ha alcanzado proporciones alarmantes. En 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 47 denuncias por extorsión vinculadas a este tipo de préstamos. En 2024, la cifra superó las 420. Se trata de una forma de financiamiento que combina tasas impagables con amenazas, violencia y coacción. Los préstamos informales no están sujetos a techo alguno: ¢100.000 prestados, ¢2.500 diarios de intereses. Y si no paga, el deudor no recibe una notificación judicial, sino una amenaza directa. Este es el mundo al que empujamos a decenas de miles de costarricenses con una ley que, paradójicamente, buscaba protegerlos.
Los efectos tampoco fueron marginales en los segmentos bancarios más tradicionales. Las tarjetas de crédito, que habían sido precisamente uno de los focos de atención de la ley, fueron uno de los productos más afectados. La cantidad de tarjetahabientes cayó abruptamente después de la entrada en vigencia de los topes. Entre 2019 y 2020, se cerraron más de 180.000 cuentas, y los emisores endurecieron sus requisitos de acceso. De nuevo, no porque no existiera demanda, sino porque, con las tasas topadas, ciertos perfiles ya no resultaban rentables.
Aquí entra en juego otro factor: la concentración del mercado. Costa Rica tiene uno de los sectores financieros más concentrados de América Latina. En tarjetas de crédito, tres entidades controlan más del 70% del mercado. Esto significa que, ante una regulación como la que impone la Ley de Usura, los consumidores no tienen muchas opciones si una entidad decide cambiar unilateralmente sus condiciones. La competencia no funciona cuando el mercado está estructuralmente dominado por pocos. Y si el regulador impone un techo sin considerar esa realidad, las decisiones estratégicas de esos pocos jugadores tienen un efecto sistémico.
¿Significa esto que debemos volver a un modelo sin control de tasas? No, y aquí acepto que mi intención inicial no era la correcta. Derogar la ley por completo sería como curar una infección con amputación: tal vez eliminas el problema, pero también todo lo que tiene valor. Lo que necesitamos es una reforma profunda, agresiva y técnicamente bien diseñada. Una cirugía mayor.
¿Qué significa eso en la práctica? Primero, ajustar los topes. El límite actual para microcréditos, por ejemplo, debe elevarse de forma significativa. No para permitir abusos, sino para que las entidades especializadas puedan cubrir el riesgo y los costos operativos de atender segmentos tradicionalmente excluidos. También debe reformularse la definición misma de microcrédito: no es lo mismo prestar ¢300.000 a una persona física para cubrir una emergencia médica que prestar ¢1.200.000 a un pequeño comerciante para invertir en inventario. El riesgo, el destino y la recuperación son distintos. La ley no puede tratarlos igual.
Segundo, debemos permitir un esquema de tasas diferenciadas por perfil de riesgo. Esto no significa validar la usura, sino reconocer que hay situaciones donde una tasa más alta está justificada si con ello se logra incluir a personas hoy totalmente excluidas. Este enfoque ha sido recomendado por organismos como la OCDE, que han advertido que un techo único y rígido suele perjudicar más de lo que protege.
Tercero, hay que revisar el marco de deducción salarial. Las restricciones introducidas por la Ley de Usura y luego parcialmente corregidas han generado inseguridad jurídica para muchas asociaciones solidaristas y cooperativas, las cuales ven en la deducción una herramienta vital para reducir riesgo. Negar esa posibilidad, aunque sea con buenas intenciones, termina alejando a muchas entidades del otorgamiento de crédito a trabajadores de menores ingresos.
Cuarto, y lo más importante, es hora de tomarse en serio la promoción de la competencia. Eso significa reducir las barreras de entrada al mercado financiero, facilitar la creación de fintechs reguladas, promover esquemas cooperativos y comunitarios de crédito, y exigir más transparencia y estándares de servicio a las entidades dominantes. No se trata de imponer más controles, sino de crear un ecosistema más abierto, más plural y más competitivo.
Finalmente, el país debe enfrentar con decisión el crecimiento del crédito informal. No es suficiente con criminalizar a los usureros callejeros. Hay que atacar las redes que los financian, aplicar inteligencia financiera, y crear canales para que las personas que hoy están endeudadas en ese mercado puedan migrar al sistema formal. Esto implica campañas de educación financiera, programas de bancarización inclusiva y, sí, productos financieros diseñados con lógica social pero viabilidad económica.
La experiencia costarricense con la Ley de Usura ofrece una lección poderosa: las buenas intenciones no bastan. La política pública, especialmente la que regula mercados tan sensibles como el financiero, debe construirse con evidencia, con balance, y con sensibilidad. El dilema no es entre proteger o incluir: es cómo proteger sin excluir. Y eso solo se logra con reglas inteligentes, instituciones sólidas y voluntad de corregir cuando los datos lo exigen.
Hoy el llamado es claro: no tengamos miedo de ajustar una ley que no está cumpliendo su propósito. Proteger sí, pero incluir también. Defender al consumidor, sí, pero sin dejarlo fuera. Reformar no es claudicar: es tener el coraje de reconocer que podemos hacerlo mejor.
Costa Rica no puede resignarse a tener un sistema financiero que funciona para unos pocos mientras expulsa a los más vulnerables. Tampoco puede permitir que el remedio contra la usura termine siendo una condena a la marginalidad financiera. Es hora de una reforma seria. Y no para maquillar los errores, sino para corregirlos de raíz.
El sistema financiero debe ser un motor de inclusión y oportunidad, no un generador de desesperanza. Si verdaderamente queremos construir una sociedad justa, competitiva y solidaria, empecemos por garantizar que nadie quede fuera por el simple hecho de ser pobre.