El otro día en el podcast «Pongámonos Serios» de mis queridos amigos de Primera Línea reflexioné sobre como una buena parte de las cosas que debemos cambiar como país inicia con un cambio de mentalidad. Hay una confusión peligrosa, que se ha vuelto cómoda para muchos políticos: equiparar la defensa de la institucionalidad con la defensa del status quo. Bajo esta frase de batalla, cualquier intento serio de reforma, por incómodo que sea, se caricaturiza como “ataque al Estado de derecho” o “desmantelamiento del Estado social”; y así, en nombre de la institucionalidad, se protegen ineficiencias, se postergan decisiones impostergables y, sobre todo, se desplaza al ciudadano del centro de las políticas públicas. La institucionalidad no es un fin en sí misma; es un conjunto de procedimientos y contrapesos diseñado para resolver problemas públicos con eficacia y con legitimidad. Cuando la forma deja de servir al fondo, defender la forma es defender privilegios, no principios.

En Costa Rica, este desplazamiento del ciudadano en favor de la “sacrosanta” forma institucional (como la llama mi querida amiga editora de Primera Línea) se expresa, primero, en el predominio de controles ex-ante orientados a evitar el error administrativo sobre la base de la sospecha, incluso si ese diseño sacrifica resultados para la gente. Hemos construido un ecosistema donde el riesgo principal que enfrenta un jerarca o un administrador público no es fallarle al ciudadano por demoras, sobrecostos o mala calidad, sino incurrir en una falta procedimental; el incentivo racional, por ende, es no decidir, dilatar o trasladar responsabilidad a comités y refrendos. La consecuencia, visible en proyectos de infraestructura, en adquisiciones estratégicas del sector salud o en programas sociales, es la parálisis por cumplimiento: todo “en regla”, nada a tiempo.

Segundo, la confusión se alimenta de un vocabulario que absolutiza la “autonomía” institucional como sinónimo de inmunidad. La autonomía es un instrumento para proteger misiones técnicas de la captura política de corto plazo; no es un escudo para evitar evaluación por resultados, rediseños organizacionales o exigencias de eficiencia. Cuando un rector universitario, un jerarca de una institución autónoma, un alcalde o un regulador invocan “autonomía” para rechazar métricas, auditorías de impacto o esquemas de financiamiento condicionados a desempeño, no están defendiendo la institucionalidad: están blindando su status quo.

Tercero, la cultura del proceso como fin último desdibuja la rendición de cuentas. La accountability (el concepto sajón es el adecuado porque es más amplio) eficaz requiere un responsable visible, con mandato claro, herramientas adecuadas y consecuencias por cumplir o no cumplir. Nosotros solemos optar por estructuras colegiadas y dispersas, con mandatos simultáneamente amplios y vagos, donde todos deciden un poco y nadie responde por todo. El resultado: una ciudadanía que no sabe a quién exigirle, operadores públicos que “cumplen expediente” y una política que premia el discurso identitario de defensa institucional por encima de la gestión.

Ejemplos concretos sobran.

1. Compras públicas e infraestructura. La transición hacia un régimen de contratación con mayor estandarización y trazabilidad digital era, y es, una oportunidad para pasar de controles ex-ante omnipresentes a esquemas de supervisión basada en riesgo y auditoría ex-post, reforzados por transparencia en tiempo real. Sin embargo, persiste el reflejo del “refrendo como salvoconducto” y del “no firmo hasta que me refrenden todo”, que traslada tiempos y costos al usuario final: el paciente que espera un equipo médico o una medicina, el estudiante sin aulas dignas, el productor sin camino cantonal transitable. Defender esa maraña de pasos por sobre la entrega de obras y bienes no es institucionalidad: es conformismo burocrático. La buena práctica OCDE es clara: menos umbrales de precontrol indiscriminado, más analítica para identificar contratos y sectores de alto riesgo, y sanciones severas, personales, por corrupción y colusión, no por tomar decisiones fundadas.
2. Salud y seguridad social. Sostener la CCSS exige examinar sus incentivos con la misma severidad con que defendemos su universalidad. Cuando indicadores de ausentismo, incapacidades y licencias muestran desalineamientos groseros con la realidad productiva del país —y cuando esa disfunción recae de manera desproporcionada sobre trabajadores formales y contribuyentes—, lo responsable no es acusar de “ataque a la Caja” o taconear con un «Páguele a la Caja» a quien pide control clínico, interoperatividad de datos, auditoría médica externa y gobernanza moderna; lo responsable es corregir. La representación equilibrada de sectores —incluidos trabajadores independientes— y la gestión profesional de hospitales y EBAIS con metas de resultados y consecuencias son defensa de la institucionalidad, porque la alinean con su propósito: prestar servicios dignos, oportunos y sostenibles.
3. Régimen municipal y servicios locales. La autonomía municipal no puede sostener 84 realidades diferentes, con duplicidades gerenciales, capacidades técnicas insuficientes y economías de escala desaprovechadas, mientras el ciudadano enfrenta servicios fragmentados en basura, acueductos, permisos y uso del suelo. La ortodoxia institucionalista responde “no se toca la autonomía”, cuando el debate serio debería ser: ¿cómo garantizamos estándares mínimos nacionales, cooperación intermunicipal obligatoria, y esquemas metropolitanos para funciones naturalmente supralocales (transporte, residuos, planificación)? Fusionar cuando procede, compartir capacidades cuando es eficiente y condicionar transferencias a resultados no vulnera la institucionalidad; la fortalece.
4. Política energética y regulación tarifaria. Los marcos de tarifas y las reglas del regulador deben resguardar el equilibrio entre sostenibilidad financiera, eficiencia y competitividad del usuario productivo. Defender, a ultranza, metodologías rígidas (como el servicio al costo) y procesos interminables, incluso frente a evidencia de oportunidades de flexibilidad tarifaria que reduzcan costos y habiliten inversión, es defender el status quo. El ciudadano —familias y empresas— debe estar primero: esquemas de demanda interrumpible, señales horarias, concursos de oferta, compras públicas de energía con presión competitiva y rendición de cuentas sobre pérdidas y calidad del servicio son institucionalidad inteligente, no su negación.
5. Transporte público y movilidad. La superposición de actores (ministerio, consejos, reguladores, municipalidades, tribunales, contralorías) genera una “paradoja de nadie”: todos supervisan algo, nadie responde por experiencia del usuario. Defender esa telaraña como si fuera “garantía democrática” es negar el derecho del ciudadano a tiempos de viaje razonables, información confiable y sistemas integrados. La solución institucional —autoridad única metropolitana de transporte con mandato, datos abiertos, contratos por desempeño y pago por calidad de servicio— es menos y mejor Estado.
6. Educación y empleo. La discusión del financiamiento universitario y técnico se ha encarado muchas veces desde trincheras institucionales (“defender la autonomía”, “defender el FEES”), en vez de partir de trayectorias de aprendizaje, empleabilidad y productividad. Defender instituciones sin someterlas a evaluación rigurosa de resultados —¿qué aprenden los estudiantes?, ¿con qué pertinencia se forman?, ¿cómo se inserta eso en la transformación productiva regional?— no es defender la educación; es ignorar al estudiante, que debería ser el centro.
7. Datos públicos e interoperabilidad. En nombre de “seguridad institucional”, sistemas que deberían conversar no conversan; expedientes de salud, justicia, programas sociales y licencias comparten menos de lo estrictamente necesario. La institucionalidad moderna no bloquea interoperabilidad; la exige, con marcos robustos de gobernanza, consentimiento, trazabilidad y sanciones. Cuando un ciudadano debe llevar en papel lo que el Estado ya sabe de él, la institución sirve a su comodidad, no a la gente.

¿Qué hacer? Cinco líneas de reforma, concretas y compatibles con buenas prácticas comparadas que le dejo de regalo a los partidos políticos que disputan las elecciones para febrero del próximo año:

• Principio de centralidad del usuario. Antes de dictar un reglamento, aprobar un proceso o sostener una estructura, exigir un “test de ciudadano”: impacto en tiempos, calidad, costos y accesibilidad. Publicar ese test, con metas de reducción de trámites y plazos máximos de respuesta. Sin ese test, no hay nueva regla.
• Controles basados en riesgo y auditoría ex-post. Trasladar el peso del control al desempeño, concentrando el precontrol en operaciones de alto impacto o alto riesgo de colusión, y reforzando auditoría posterior con capacidad sancionatoria real, perfiles profesionales y analítica de datos. El mensaje al jerarca debe ser nítido: decida bien y rápido con fundamento; si falla o se corrompe, las consecuencias serán personales y severas.
• Asignación unívoca de responsabilidad. Para cada política o proyecto, un responsable con nombre y apellido, con mandato legal claro, con facultades y con métricas. Menos comisiones, consejos, más gerencia de proyecto; menos “cadenas” de aprobación, más ventanas únicas con SLA y silencio positivo cuando aplique.
• Gobernanza por resultados y financiamiento condicionado. Reglas de presupuesto atadas a indicadores de producto y resultado, con revisiones independientes periódicas. Métricas, comparabilidad y consecuencias presupuestarias. Las transferencias a municipalidades, universidades, instituciones autónomas y programas sociales deben condicionarse a estándares verificables de desempeño.
• Reformas institucionales con “cláusula de caducidad”. Cada estructura, sin importar cual, creada o preservada debe revisarse periódicamente. Si no cumple objetivos, caduca, se fusiona o se reconvierte. La perpetuidad institucional sin evaluación es la receta del estancamiento.

Un apunte sobre el debate público: quienes invocan “defensa de la institucionalidad” para cerrar la discusión reformista suelen apelar al miedo —a la arbitrariedad, al caudillismo, al desmantelamiento de derechos—. Ese miedo no es infundado en abstracto; América Latina ofrece ejemplos de retrocesos. Pero una democracia madura no se defiende con parálisis, sino con reglas que preservan libertades y al mismo tiempo habilitan capacidad estatal para resolver problemas concretos. El antídoto al caudillismo no es la parálisis; es la institucionalidad que rinde cuentas por resultados.

Finalmente, un criterio operativo: “primero la persona usuaria”. Si una reforma reduce tiempos de atención en salud sin sacrificar calidad clínica, si acorta plazos de obra sin relajar la integridad de la contratación, si mejora la seguridad sin atropellar derechos, defenderla es defender la institucionalidad; oponerse por cuidar organigramas o prerrogativas internas es, simple y llanamente, defender el status quo. Y cuando existan tensiones reales —porque las hay— el deber del político serio es transparentarlas, medirlas, pilotear soluciones y corregir sobre la marcha, no esconderse detrás de palabras solemnes.

Costa Rica necesita un giro de 180 grados: menos culto a la forma como fetiche y más respeto a la forma como garantía para lograr fondo; menos discursos de tribuna sobre “instituciones” y más gestión profesional para entregar bienes y servicios públicos a tiempo, con calidad y a costo razonable. La legitimidad democrática se renueva no con declaraciones altisonantes, sino con resultados que la ciudadanía percibe en su vida cotidiana. Defender eso, y reformar lo que haga falta para lograrlo— no es atacar la institucionalidad; es honrarla.