Este es mi octavo y último análisis de programa de gobierno en esta serie. Durante varios días he leído los programas de gobierno de algunos los partidos que aspiran a dirigir Costa Rica. La próxima semana, en mi columna ALA LIBERAL en PRIMERA LINEA estaré publicando una comparación general cuyo fin es determinar como los programas que analicé responden o no a lo que los costarricenses están pidiendo según la encuesta del CIEP. Eso es una nueva calificación y comparación. Yo diría que esa será la más importante, ya que la calificación que yo asigno en estas entregas es la mía, y por tanto arbitraria. Lo que a Jorge Dengo le parece. Que claro está, es muy subjetivo.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con el plan de gobierno de Juan Carlos Hidalgo titulado “Seguridad, Oportunidades, Prosperidad: Emparejar la Cancha 2026–2030”, es uno de los textos más articulados y coherentes de todo el menú electoral.

En mi matriz de 20 principios, que combinan Estado de derecho, libertad económica, responsabilidad fiscal, eficiencia estatal y movilidad social, este programa obtiene una nota de 4,6 sobre 5. Es, en mis términos (visión pro-individuo y pro-libertad responsable), el plan mejor estructurado del proceso.

Un plan con brújula: seguridad, Estado y oportunidades

El lema “Seguridad • Oportunidades • Prosperidad – Emparejar la cancha” atraviesa todo el documento. El plan parte de un diagnóstico duro: aumento del crimen organizado, deterioro de la confianza ciudadana y brechas crecientes entre territorios, sectores y personas. La respuesta no es retórica de “mano dura”, sino una combinación de seguridad real, reforma del Estado y movilidad social.

El programa propone convertir la seguridad en prioridad nacional mediante recursos extraordinarios y medidas concretas:

• Incrementar en 6.500 los efectivos policiales, con mejor equipamiento y capacitación.
• Crear un Fondo de Seguridad Nacional, financiado con venta de activos estatales (lo cual aplaudo).
• Fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado y mejorar el control territorial, fronterizo y portuario.

El texto liga seguridad con justicia, carga de trabajo en los tribunales y capacidad operativa del sistema penal. Reconoce explícitamente que hoy tenemos “juicios que tardan años, cárceles saturadas y criminalidad en expansión”. Y plantea, desde ahí, una agenda de reorganización institucional que se conecta con la Reforma del Poder Ejecutivo y del aparato estatal. (Reordenar ministerios, ajustar jerarquías, eliminar duplicidades y orientar la administración hacia resultados).

Transformación económica: menos trabas, más empleo y guillotina regulatoria

Este es uno de los elementos más consistentes del programa. Aquí el discurso se ordena alrededor de una idea clara: liberar la capacidad productiva, emparejar condiciones entre regímenes (ordinario vs. zona franca) y territorios, y premiar el empleo formal.

Hay tres líneas que sobresalen:

a) Emparejar la cancha entre regímenes y regiones

El programa reconoce explícitamente la brecha entre el régimen de zona franca y el resto del país. Habla de “emparejar la cancha entre regímenes y regiones”, extendiendo parte de las condiciones de agilidad, acompañamiento y competitividad del modelo de zonas francas a otros sectores y territorios. El objetivo es que producir, exportar e invertir fuera de la GAM no sea un castigo, sino una opción viable.

No se limita a mera intención sin que liga esa idea a instrumentos como:

• Ventanilla única de inversión digitalizada.
• Mejores condiciones para clústeres productivos en regiones específicas.
• Coordinación entre infraestructura, logística y política productiva.

b) Menos impuestos al trabajo, más formalización laboral

El programa afirma que “empezaremos por reducir los impuestos al salario”, favoreciendo la transición de la informalidad a la formalidad, y habla de “eliminación de trabas” para la contratación en sectores con alto potencial de empleo. También menciona la formalización laboral como objetivo explícito, con énfasis en jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables.

No se trata de una simple rebaja tributaria electoral. El texto insiste en que todo cambio debe hacerse “sin poner en peligro la estabilidad fiscal”, es decir, acompañando la reducción de costos laborales con una recomposición del gasto público y una gestión más rigurosa de las transferencias y cargas que hoy pesan sobre planillas y empresas. (hay que ser honestos, habla eso si de un aumento a las remesas para ciertos servicios digitales con el fin de compensar la reducción de cargas sociales, eso aunque me levantó una ceja, lo comprendo. Como dicen los del norte: you can’t have the cake and eat it too: no se puede tener todo al mismo tiempo.)

c) Moratoria y guillotina regulatoria

En materia regulatoria, el plan propone dos elementos claves:

• Una moratoria regulatoria para frenar la creación de nuevas cargas y requisitos que encarezcan producir o contratar.
• La implementación de una “guillotina regulatoria efectiva en todo el Gobierno Central”, con el fin de revisar y eliminar normas y trámites que no agregan valor y ahogan la actividad productiva.

No hay “sunset review” ni modelos sofisticados importados a la ligera; lo que hay es una apuesta explícita por limpiar el bosque regulatorio y facilitar la vida a ciudadanos y empresas, desde la lógica de eficiencia y competitividad.

Agenda social: Triángulo de Solidaridad 2.0 y Sistema Unificado de Cuido

Un punto donde este programa se diferencia de un liberalismo puramente tecnocrático es su tratamiento de la política social. El texto no se refugia en la retórica de “cada quien se salva solo”, sino que propone reordenar y focalizar la protección social alrededor de movilidad y autonomía.

Aquí aparecen dos conceptos centrales:

a) Triángulo de Solidaridad 2.0

El documento plantea actualizar la histórica idea socialcristiana de solidaridad en clave moderna, bajo el concepto de “Triángulo de Solidaridad 2.0”. La lógica es conectar mejor:

• protección social,
• formación y educación,
• e inserción laboral.

No se trata de crear más programas, sino de integrar esfuerzos dispersos, cerrar duplicidades y asegurar que la ayuda pública se traduzca en capacidad real de salir de la pobreza, no en dependencia permanente.

b) Sistema Unificado de Cuido (SUC)

El plan propone la creación de un Sistema Unificado de Cuido (SUC), que articula los programas de cuido hoy dispersos y los reorganiza bajo criterios de focalización, calidad y corresponsabilidad. El SUC se plantea como un esquema que integra instituciones existentes, con participación de entidades como IMAS y órganos especializados, para atender integralmente a la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La intención explícita es concentrar recursos, reforzar la calidad del servicio y liberar tiempo para que las personas, especialmente mujeres, puedan incorporarse al empleo formal, conectando política social con política laboral.

En conjunto, Triángulo de Solidaridad 2.0 y SUC muestran un enfoque que no abandona la tradición socialcristiana, pero la traduce a un lenguaje de eficiencia, movilidad y autonomía, más que del clásico asistencialismo socialdemócrata del PLN o el PAC.

Infraestructura, transporte y servicios: APP, tren y buses rápidos

En infraestructura y transporte, el programa apuesta por utilizar de manera más agresiva la inversión público-privada y ordenar el sistema de movilidad, hoy fragmentado y poco eficiente.

El texto habla de:

• Concesionar carreteras existentes para asegurar mantenimiento y expansión, con esquemas de pago que reduzcan la presión fiscal.
• Modernizar el transporte público con herramientas como Buses de Tránsito Rápido (BTR) y la modernización del tren eléctrico urbano, en un esquema articulado que incluya sectorización de rutas, renovación de flota y mecanismos más inteligentes de cobro y subsidio.
• Usar tecnología y sistemas automatizados para reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y optimizar la recaudación en autopistas de peaje.

No es un catálogo disperso de proyectos; es una agenda integrada para que la infraestructura física deje de ser un cuello de botella y se convierta en un habilitador de competitividad y calidad de vida.

Energía y competitividad: inversión privada y generación distribuida

En materia energética, el plan no plantea una ruptura dogmática, pero sí un giro pragmático: reconoce la necesidad de atraer inversión y aprovechar mejor la generación distribuida.

El documento alude a:

• Mayor uso de inversión público-privada para infraestructura eléctrica.
• Revisión de las reglas de generación distribuida, incluyendo la idea de “reincorporar el neteo simple” y habilitar esquemas que permitan más participación del sector privado, manteniendo la matriz limpia y la estabilidad del sistema.

La lógica es simple: sin energía competitiva y predecible, no hay promesa de emparejar la cancha que se sostenga. El texto asume esa premisa y propone ajustar reglas para reducir costos, sin convertir el tema en una batalla ideológica.

Mi lectura personal.

Desde mi perspectiva, el plan del PUSC encarna algo que podríamos llamar liberalismo socialcristiano moderno. Es liberal en su énfasis en libertad económica, competencia, reducción de impuestos al trabajo, guillotina regulatoria y apertura a la inversión; es socialcristiano en su preocupación explícita por movilidad social, cuido, pobreza extrema y cohesión comunitaria.

Su principal fortaleza es la coherencia interna:

• Los ejes se conectan entre sí.
• La seguridad se vincula con oportunidades.
• La política social se liga a la inserción laboral.
• La transformación económica descansa en menos trabas, no en más privilegios.

No es un plan que se contradiga a cada página, ni uno que se refugie en metáforas vacías.

Pero, como todos, tiene debilidades y riesgos políticos:

1. Es más exigente con el Estado que con el elector.
   El plan pide mucho a las instituciones: disciplina, ejecución, priorización, resultados. En una cultura política acostumbrada a promesas fáciles y subsidios sin condiciones, un programa que habla de recomponer el gasto, priorizar y depurar regulaciones puede sonar complicado.
2. Habrá tensión interna en el propio PUSC.
   Parte de la base socialcristiana se formó en un lenguaje más asistencialista y estatista. Un programa que se alinea con reducción de impuestos al salario, guillotina regulatoria, apertura a inversión y uso agresivo de APP tensiona inercias internas. Ejecutar este plan no solo exige ganar la elección; exige ganar la discusión dentro del partido. Cosa que ha sido difícil a hoy.
3. La ejecución requeriría una coalición política amplia.
   Medidas como la moratoria regulatoria, la guillotina, la reestructuración de programas sociales y la concesión de infraestructura tocarán intereses estructurales: gremios, sindicatos, burocracias, mandos medios y clientelas territoriales. El plan lo reconoce en parte, pero subestima, como casi todos, el nivel de conflicto que implican esas reformas en la práctica.

CONCLUSION

Después de leer ocho programas de gobierno con el mismo lente, el del PUSC destaca por algo que, paradójicamente, se ha vuelto poco común en la política costarricense: sensatez con estructura. No promete revoluciones instantáneas ni cheques en blanco. Habla de seguridad con recursos, de oportunidades con menos trabas, de solidaridad con movilidad y de Estado con resultados.

Su nota de 4,6 sobre 5 en mi matriz de principios no es un reconocimiento doctrinario; es un indicador de que, al menos en el papel, este programa respeta la dignidad del individuo, apuesta por los mercados, cuida la disciplina fiscal, intenta ordenar la política social y se toma en serio la reforma institucional.

El problema, y aquí vuelvo a mi punto de partida, es que los programas no gobiernan; gobiernan personas. Un documento como éste exige liderazgo, carácter y disposición a asumir costos políticos. Requiere un gobierno que entienda que la seguridad no se recupera con meros deseos, que la pobreza no se reduce con más parches, y que la competitividad no se construye con discursos contra la inversión, sino removiendo obstáculos para producir y trabajar.

Si algo deja claro este plan de Hidalgo es que la democracia costarricense todavía tiene espacio para proyectos serios, estructurados y responsables. El reto es que el electorado, saturado de improvisación y escándalo, sea capaz de reconocer que, a veces, el verdadero cambio requiere un proyecto de país que combine libertad, orden y solidaridad sin engaños.

En otras palabras: si Costa Rica de verdad quiere “emparejar la cancha”, tendrá que decidir si está dispuesta a votar por quien le dice la verdad, aunque duela, o seguir apostando por quienes ofrecen atajos que nunca llegan a ningún lado.