Uno, que ha tenido la suerte de recibir cierta educación financiera y entender cómo funcionan el ahorro y las inversiones, lo reconoce sin rodeos: si hoy me pusieran el estado de cuenta del ROP enfrente y me dijeran “puede retirarlo completo”, la tentación sería enorme. Más aún en momentos como estos, cuando algunos que llevamos tiempo buscando empleo podríamos ver ese dinero como un verdadero salvavidas.

Y es que cuando uno está en medio de la incertidumbre, pagos que vienen, ingresos que no llegan, decisiones que se acumulan, cualquier reserva acumulada empieza a verse como una salida inmediata. Un recurso que está ahí, esperando ser utilizado.

Pero la pregunta incómoda es otra.

¿Ese salvavidas nos garantiza flote indefinido hasta llegar a la costa, o se agotará en pocos metros, dejándonos a la deriva en medio del mar?

Esa es, en realidad, la discusión que Costa Rica debería estar teniendo sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). No la caricatura simplista que domina el debate público, devolver o no devolver, sino una conversación seria sobre cómo equilibrar libertad individual, responsabilidad y sostenibilidad del sistema. Porque cuando se trata de pensiones, el problema nunca es solo el presente. El problema siempre aparece años después.

Por qué existe el ROP

El ROP no nació por capricho burocrático ni por el interés de crear nuevos intermediarios financieros. Fue creado en el año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador como parte de una reforma estructural del sistema de pensiones costarricense. La misma ley donde el PUSC y otros le metieron un puñal enorme a los trabajadores independientes al ponerlos a cotizar en la CCSS como si estuvieran bajo una relación de subordinación con ingresos fijos, pero bueno, eso es tema de otra reflexión.

Hasta ese momento, el país dependía casi exclusivamente del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese sistema funciona bajo un modelo de reparto: los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes ya están jubilados. El problema es que los países cambian. Costa Rica envejece. La relación entre trabajadores activos y pensionados se reduce año con año. Y cuando eso ocurre, los sistemas de reparto empiezan a tensionarse.

El ROP se diseñó entonces como un segundo pilar: un sistema de capitalización individual donde cada trabajador acumula ahorro propio que complementará su pensión básica. En otras palabras, el ROP no sustituye al IVM. Lo complementa. Es una reserva que se construye durante la vida laboral para reforzar el ingreso durante la vejez.

Las críticas que sí son legítimas

Ahora bien, reconocer el propósito del ROP no significa ignorar las críticas que han surgido en los últimos años. Algunas de ellas son perfectamente razonables y válidas.

Primero, existe una percepción extendida de que el dinero es del trabajador, pero el trabajador no puede disponer libremente de él. En un país donde la liquidez es un problema para muchas familias, esa restricción genera frustración.

Segundo, para muchas personas el monto acumulado en el ROP termina siendo relativamente pequeño. Esto ocurre, principalmente, por trayectorias laborales intermitentes, periodos de informalidad o salarios bajos. Pero en la percepción pública el resultado es simple: después de años de ahorro obligatorio, la pensión complementaria parece insuficiente.

Tercero, existe desconfianza institucional. En América Latina esa desconfianza no es infundada. Los ciudadanos temen que las reglas cambien en el futuro o que el Estado termine interviniendo esos recursos.

Todas estas preocupaciones merecen atención. Pero reconocerlas no implica que la solución responsable sea desmantelar el mecanismo de ahorro.

La tentación del retiro total

Los proyectos de ley que hoy se discuten en la Asamblea buscan permitir en una forma u otra el poder retirar la totalidad del ROP. La idea es políticamente atractiva. Después de todo, ¿quién no quiere disponer libremente de su propio dinero?

Sin embargo, las decisiones en materia de pensiones no pueden evaluarse solo desde la lógica del corto plazo. La experiencia internacional muestra un patrón bastante consistente: cuando las personas reciben montos importantes de ahorro en un solo pago, una parte significativa de esos recursos se consume rápidamente. Se pagan deudas, se ayuda a familiares, se hacen mejoras en la casa, se resuelven necesidades inmediatas y, todo eso es comprensible. Pero años después, cuando ese capital se ha agotado, el ingreso mensual desaparece. Y es ahí donde aparece la verdadera tragedia silenciosa de los sistemas de pensiones: personas mayores sin ingresos suficientes y con pocas posibilidades de reconstruir su patrimonio.

El costo que se traslada al futuro

Cuando eso ocurre, el problema ya no es individual. Se convierte en un problema público. Porque ninguna sociedad democrática acepta fácilmente dejar a sus adultos mayores en condiciones de precariedad. La presión política para que el Estado intervenga termina aumentando. Lo que parecía una decisión de libertad individual se convierte, con el tiempo, en una factura colectiva.

Además, hay un elemento que rara vez se menciona en el debate: el ROP no solo es un mecanismo de ahorro individual. También es uno de los principales inversionistas institucionales del país. Los fondos acumulados financian deuda pública, proyectos de inversión y parte del mercado financiero nacional. Una liberación masiva de esos recursos no es irrelevante desde el punto de vista macroeconómico.

La falsa dicotomía del debate

Sin embargo, sería igualmente equivocado defender una postura rígida donde el trabajador no tenga ninguna flexibilidad sobre su propio ahorro. La discusión pública suele caer en una falsa dicotomía: O se permite retirar todo, o no se permite retirar nada.

Pero los sistemas de pensiones modernos rara vez funcionan en esos extremos. Muchos países han optado por esquemas híbridos. Modelos donde se permite cierto grado de liquidez, por ejemplo, un retiro parcial, mientras se mantiene una porción mayor del fondo destinada obligatoriamente a generar ingresos durante la jubilación.

Ese tipo de diseño reconoce algo fundamental: las personas necesitan flexibilidad, pero también necesitan protección contra decisiones que pueden comprometer su seguridad futura.

El verdadero problema que no estamos discutiendo

Si el país quiere tener una conversación honesta sobre pensiones, el foco debería estar en otro lugar. El problema estructural del sistema costarricense no es el ROP. Son tres factores mucho más profundos: (a) la informalidad laboral, (b) las lagunas de cotización producidas en mayor parte por la voracidad fiscal de la CCSS, y (c) el acelerado envejecimiento demográfico.

Sin abordar esos desafíos, ninguna reforma puntual resolverá el problema de fondo.

Podemos cambiar las reglas del ROP, flexibilizarlo o incluso debilitarlo. Pero si cada vez menos personas cotizan de forma constante durante su vida laboral, el resultado será el mismo: pensiones insuficientes.

Una discusión que exige responsabilidad

Las pensiones son uno de esos temas donde la política suele sucumbir a la tentación del corto plazo. Prometer acceso inmediato a recursos acumulados es popular. Defender el ahorro para la vejez rara vez lo es. Pero las decisiones que se toman hoy en materia de pensiones no afectan solo el próximo año. Afectan las próximas décadas.

Costa Rica necesita más ahorro para la vejez, no menos. La verdadera discusión no debería ser cómo gastar hoy ese ahorro, sino cómo asegurarnos de que, cuando llegue el momento de dejar de trabajar, todavía tengamos algo que nos permita vivir con dignidad.

Porque al final del día, el salvavidas que hoy parece una salida inmediata puede terminar siendo la diferencia entre llegar a la costa… o quedarse flotando, sin fuerzas, en medio del mar.