Después de haber escrito en mi columna ALA LIBERAL en Primera Línea Costa Rica que “Tercerizar no es el problema. Gobernar mal si”, quedó flotando una duda razonable: ¿no serían los informes legislativos que, por tantos meses, han discutido el tam la prueba de que aquí hubo algo más que un simple error técnico?

Mi respuesta corta es esta: los informes confirman que el problema no es el modelo de tercerización, ni un elaborado y complejo esquema criminal, sino la forma en que la CCSS produce, valida y utiliza la “verdad técnica” para contratar servicios de salud. Y si el Estado no sabe hacer la mate, no sabe cuánto cuestan razonablemente las cosas, no sabe por qué cambian los números, no sabe quién responde por los estudios, cualquier contratación compleja termina siendo un arroz con mango.

Dos relatos, una sola falla estructural. El Informe de Mayoría de la Asamblea Legislativa es incómodo para algunos porque precisamente le quita el picante y el boom al escándalo. No ofrece villanos, ni relatos cinematográficos. Lo que ofrece es algo peor para la CCSS: un espejo.

Ahí se reconoce que no existe una demostración única, uniforme y concluyente de daño patrimonial. Lo que sí existe es un desorden metodológico serio: estudios de razonabilidad que llegan a conclusiones opuestas, cambios de metodología, revisiones de los dichosos mandos medios que modifican resultados, y ausencia de un estándar institucional claro para decir “este número es el bueno y este no”.

Dicho en tico: cada quien estaba sacando la cuenta con su propia calculadora. Y así no hay manera de gobernar una contratación pública compleja sin quedar mal parado.

Esto no es un detalle menor. Es el corazón del problema. Cuando una institución del tamaño de la CCSS no tiene un “manual de la casa” para producir evidencia técnica sólida, verificable y trazable, lo que queda es discrecionalidad. Y donde hay discrecionalidad, hay riesgo. No porque todo el mundo sea corrupto, sino porque el sistema queda mal diseñado. Todo amparado con la bendita autonomía a la que si, hay que meterle mano, pero ya.

Cuando la política se monta sobre números chuecos. El Informe de Mayoría también deja en evidencia algo que en Costa Rica nos cuesta aceptar: la política se monta rápido sobre insumos técnicos flojos. Si los estudios son contradictorios, cualquier actor, interno o externo, puede escoger el que mejor le convenga para empujar su narrativa. Unos hablan de sobreprecios millonarios; otros recalculan y dicen que no hay tal cosa. Unos citan oficios; otros dicen que esos oficios ni siquiera concluían de forma expresa la razonabilidad del precio.

Con ese panorama, el debate público se vuelve un gallinero. Cada quien agarra el dato que le sirve, y el ciudadano termina sin saber a quién creerle. No porque la verdad no exista, sino porque la CCSS no la produjo de forma institucionalmente defendible.

Aquí no estamos ante un “error humano” aislado. Estamos ante una falla de gobernanza: no hay metodología única, no hay validación cruzada obligatoria, no hay control de versiones serio, no hay una cadena clara de responsabilidades técnicas. Eso es diseño institucional deficiente.

Personalizar la culpa: un atajo cómodo, pero peligroso. En medio del ruido, apareció la tentación de ponerle nombre y apellido al problema. De convertir el caso en un juicio moral contra jerarcas. Es humano. Es mediáticamente rentable. Pero es un atajo que no arregla nada.

Las grandes metidas de pata institucionales rara vez son obra de una sola persona “mala”. Son el resultado de procesos mal armados, incentivos mal alineados y mandos medios que concentran poder real sobre la información que sube (los que seguimos a la CCSS de cerca, sabemos quienes son). Quien arma el expediente, quien produce el estudio, quien decide qué versión es la que se ve, tiene un poder enorme sobre el resultado final. Eso no sale en la foto del titular, pero define la calidad de la decisión.

Que la justicia determine si hubo o no delito es lo que corresponde en un Estado de derecho. Anticipar culpabilidades desde la política o desde la opinión pública no solo es injusto; es una manera de evitar la conversación incómoda: la CCSS, como institución, no está comprando servicios complejos con el nivel de sofisticación que el país necesita.

El falso debate: “tercerización sí” versus “tercerización no”. Después de “Barrenador”, se armó un debate que, francamente, es medio tramposo: que si la tercerización de EBAIS es buena o mala. Esa discusión es ideológica, no técnica. Y la política pública no se diseña con eslóganes.

La pregunta seria es otra: ¿tiene la CCSS hoy la capacidad institucional para comprar servicios de salud de forma profesional, transparente y orientada a resultados?

Porque la tercerización no es un invento extraño. Es una herramienta de gestión que usan sistemas de salud cuando el Estado no puede, o no debe, producir todo directamente. La atención primaria necesita flexibilidad territorial, rapidez para adaptarse a cambios demográficos, capacidad de gestión local. Pretender que la CCSS puede resolver todo eso solo con gestión directa, en el contexto fiscal y administrativo que tenemos, es vivir como Alicia en el país de las maravillas.

Eliminar la tercerización no elimina el riesgo. Lo que hace es trasladarlo a otra parte del sistema, con más debilidades de gobernanza, pero ahora concentradas en gestión directa.

La lección que sí deberíamos aprender. Si algo me deja claro este caso es que el verdadero cuello de botella está en cómo la CCSS produce y valida evidencia para contratar. Mientras no se corrija eso, vamos a seguir pegándonos el mismo tropezón con distinto nombre.

La agenda de reforma no es ideológica. Es técnica:

• Metodologías únicas y públicas para estudios de razonabilidad de precios.
• Validación intergerencial obligatoria.
• Control de versiones con trazabilidad real.
• Delimitación clara de responsabilidades técnicas.
• Contratos que compren resultados en salud, no solo insumos administrativos.
• Supervisión clínica independiente, con consecuencias reales.
• Transparencia radical en desempeño por área de salud.

Eso es lo que convierte a la tercerización en una herramienta defendible. No los discursos. No las consignas. No la moralina ideológica de quienes quieren que el Estado haga todo.

Cerrar donde importa. “Barrenador” no debería ser el pretexto para patear la mesa y decir “me llevo la bola”. Debería ser el momento para aceptar algo incómodo: la CCSS no ha invertido lo suficiente en volverse un comprador público sofisticado de servicios de salud. No tiene la capacidad y eso debemos reconocerlo.

Mientras no resolvamos eso, vamos a seguir viviendo el mismo ciclo: escándalo, indignación, comisiones, titulares… y la gente esperando cita en el Ebáis. Y al final del día, como decimos en buen tico, nos seguimos disparando en el pie solos.