Hay un dato que debería incomodar a más gente de la que incomoda. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, publicado por el Centro Nacional de IA de Chile, Costa Rica lidera la región en penetración de habilidades de inteligencia artificial entre sus profesionales, duplicando al segundo lugar del ranking. Somos, según los números, el país que más sabe de IA en toda América Latina.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántos colones desperdicia el sector público cada año en decisiones que un modelo de inteligencia artificial hubiera tomado mejor, más rápido y con menos sesgo?
Nadie lo sabe. Y que nadie lo sepa es exactamente el problema.
Porque Costa Rica tiene una habilidad que ha perfeccionado con los años: la de verse muy bien en el ventanal sin que eso diga mucho de lo que pasa adentro. Tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027. Cofacilitamos junto a España la resolución de gobernanza global de IA ante la ONU. El país luce impecable desde afuera.
Pero el ventanal no es la casa.
Y adentro, donde se toman decisiones de gasto, se gestionan expedientes, se fiscalizan compras y se asignan recursos, la inteligencia artificial brilla por su ausencia. No porque no exista el talento. Sino porque el Estado costarricense tiene un problema estructural que ninguna estrategia bien redactada ha resuelto todavía: sabe hablar de transformación digital mucho mejor de lo que sabe ejecutarla.

El problema, como siempre, es institucional
Y digo como siempre porque esto no es nuevo. Ya tuvimos esta conversación con el expediente digital de salud. La tuvimos con la factura electrónica. La tuvimos con el gobierno digital. El patrón se repite con una puntualidad que da, como dicen los jóvenes hoy día? cringe? pena de la mala? Yo digo risa y da tristeza al mismo tiempo: Costa Rica identifica bien el problema, produce documentos estratégicos súper duper, organiza foros (muchos en la Asamblea Legislativa), recibe elogios internacionales, y luego la implementación se enreda en una maraña de criterios jurídicos encontrados, competencias institucionales disputadas y voluntades políticas que se diluyen en cuanto hay que tomar una decisión incómoda. (O en proyectos de ley hechos con ChatGPT, solo para la foto y el titular de en los medios). El problema de fondo es que las instituciones públicas costarricenses operan bajo marcos jurídicos diseñados para un Estado analógico, de papel, timbre, sello y firma. El principio de legalidad, tan necesario y tan mal interpretado con frecuencia, se convierte en escudo contra la innovación. Cualquier funcionario que quiera implementar una herramienta de IA enfrenta tarde o temprano la misma pregunta: ¿qué norma exactamente me impide hacer esto? Y si la norma no existe con claridad, el proyecto muere en un escritorio antes de nacer, víctima no de la tecnología sino del miedo institucional al riesgo.
A eso hay que sumarle algo que quienes hemos estado adentro del sector público conocemos bien: la desconfianza hacia la automatización de decisiones. Es comprensible, incluso legítima en ciertos contextos. Pero llevada al extremo produce el peor escenario posible.

Un Estado que gasta como si tuviera recursos infinitos y decide como si el tiempo no costara nada.
El resultado es el que cualquier tico ha vivido en carne propia. Filas que no tienen sentido. Ojo con esta: el otro día me atrasé un día en el pago de la póliza de mi carro, y para pagar con un día de retraso tenía que ir a una agencia del INS. Qué belleza! Como el tiempo y el tráfico de esta ciudad permiten que uno ande turisteando. Y así es la cosa: trámites que se pierden, resoluciones que tardan meses cuando deberían tardar días, datos que existen pero que nadie cruza, platas que se van por el caño que un sistema medianamente inteligente habría detectado a tiempo. No es mala fe, en la mayoría de los casos. Es un diseño institucional que quedó viejo y que nadie ha tenido el valor político de modernizar de verdad.

Regular bien no es regular más
El argumento más repetido en los foros de política pública es que Costa Rica necesita regular la inteligencia artificial. Qué miedo! Regular algo que no se entiende…y como suele suceder en la Asamblea, sin escuchar a los que realmente saben. Recientemente me metí en el chat de la comunidad de la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable, gente que sabe de verdad sobre el tema, y a quienes aunque les entiendo la mitad de lo que escriben, estoy seguro que deberían ser escuchados para que un político no se jale una torta.
A ver, la pregunta no solo es si regular o no. Es cómo hacerlo sin ahogar lo que funciona, sin convertir la cautela en parálisis y sin cometer el error histórico de legislar sobre tecnología con diez años de retraso y sin entender bien lo que se está legislando. Que ya nos ha pasado. Que ya nos ha costado.
Los países que están sacando partido real de la IA en el sector público no son los que más regularon primero. Son los que tuvieron la inteligencia de crear espacios controlados para experimentar. Pilotos con métricas claras. Evaluaciones independientes. Marcos flexibles que se ajustan según la evidencia. Construyeron las reglas sobre lo que aprendieron, no sobre el miedo a lo que podría salir mal.
Desde mi limitado punto de vista, esto tiene mucho sentido. La regulación más eficiente es la que protege derechos sin crear barreras artificiales al cambio. Regular la IA en el Estado no debería ser un ejercicio de control burocrático por el control burocrático mismo. Debería ser un ejercicio de diseño institucional inteligente, que le dé certeza jurídica a quien innova y protección real al ciudadano que depende de esas decisiones. Esa distinción, que parece sencilla, es la que separa a los países que avanzan de los que se quedan discutiendo en comisión.
No hace falta especular sobre los beneficios porque la evidencia regional ya existe. Gobiernos que metieron IA en la gestión de compras públicas redujeron irregularidades de forma medible. Sistemas de análisis predictivo en salud mejoraron la asignación de recursos en contextos con presupuestos tan ajustados como el nuestro. LLMs bajaron los tiempos de resolución en tribunales ahogados en papel.
Costa Rica tiene el talento humano para hacer todo eso, estoy seguro de eso. Tiene los aliados internacionales. Tiene la reputación ganada.
Lo que falta es la decisión política de asumir con honestidad que modernizar el Estado con inteligencia artificial no es un riesgo tecnológico que hay que gestionar con cautela infinita, es una responsabilidad fiscal que hay que asumir con urgencia.
Cada año que pasa sin que el sector público use estas herramientas de forma sistemática es un año de ineficiencias que pagamos todos el contribuyente. De servicios que no mejoran. De brechas que se ensanchan entre lo que el Estado promete y lo que entrega. Y hay algo que rara vez se menciona: el costo de no hacer es altísimo y desgraciadamente nadie lo contabiliza en ningún presupuesto. Pero está ahí todos los días. En la cita médica que tardó veinte meses más de lo necesario y en las ocho personas que a diario se mueren esperando que los atiendan (más que cualquier cifra de homicidios). En la licitación que nadie chequeó contra los registros de intereses. En el subsidio que llegó a quien no lo necesitaba porque el sistema no tenía cómo saberlo.

Exportar principios no paga la deuda
Ser referente regional en gobernanza de IA es un activo real y no lo digo con ironía. Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional que pocos países de su tamaño tienen, y eso vale. Pero un país que exporta principios mientras su propio sector público acumula ineficiencias estructurales está construyendo con mocos.
La próxima vez que un ministro suba a un estrado internacional a hablar de adopción responsable de inteligencia artificial, sería bueno que pudiera citar no solo una estrategia, sino un resultado concreto adentro de las paredes del propio Estado costarricense. Un proceso mejorado. Un ahorro verificable. Una decisión más justa tomada con ayuda de datos. Ese día, el liderazgo de Costa Rica en inteligencia artificial dejará de ser una promesa bien redactada. Y se convertirá en lo único que de verdad convence: un ejemplo.