Costa Rica todavía no ha estrenado formalmente su nuevo ciclo político, pero ya conoce un dato suficiente para entender que algo importante cambió. El próximo 1.° de mayo se instalará una Asamblea Legislativa en la que un solo partido tendrá mayoría absoluta, y el 8 de mayo asumirá una Presidente con una capacidad de impulso político inédita en décadas. Laura Fernández ganó la elección presidencial y Pueblo Soberano llegará al nuevo Congreso con 31 diputados de 57. Ese dato, por sí solo, obliga a releer y re-entender el mapa del político en Costa Rica.  

Digo “obliga” porque durante años el país se acostumbró a otra cosa. A una Asamblea fragmentada. A mayorías armadas a la antigua o a punta de paciencia, compromisos políticos y coincidencias parciales. A negociaciones voto por voto. A una dinámica en la que casi nadie mandaba del todo. Esa fue la política costarricense reciente donde la dispersión del poder obligaba a negociar casi todo. Eso es lo que está a punto de cambiar…

Y aquí conviene afinar bien el lápiz. No porque ya esté funcionando una nueva arquitectura del poder en toda su intensidad. Todavía no. La nueva Asamblea no ha sesionado. No sabemos aún «con certeza» cómo se repartirá el Directorio, qué nombres terminarán encabezando Hacendarios, Económicos o Jurídicos, ni qué grado de cohesión real mostrará la fracción oficialista cuando empiecen las votaciones difíciles.

Pero una cosa es no adelantarse de más, y otra muy distinta es hacerse el tonto (como pasa con la dirigencia de algún partido de antaño) y fingir que aquí no pasó nada. Sí pasó. Y pasó bastante.

Porque entre no tener mayoría y tener mayoría absoluta hay un abismo político. Un abismo de velocidad potencial, de capacidad de coordinación, de margen de maniobra y de posibilidad real de ordenar agenda. Eso, claro, no significa poder total. No significa ausencia de controles. No significa que el oficialismo pueda aprobar por sí solo cualquier cosa. Algunas reformas seguen requiriendo 38 votos, y el propio, don Nogui Acosta, jefe de fracción entrante de Pueblo Soberano ha reconocido que en esos casos habrá que construir acuerdos con la oposición. Pero reducir la importancia de tener 31 diputados sería no entender la escena política.  

Lo que tenemos por delante, entonces, no es una certeza absoluta sobre cómo operará el poder a partir del 1.° de mayo, pero sí una certeza suficiente sobre algo más importante: la lógica bajo la cual se organizará la política en general ya no será la misma.

Y ese cambio tiene implicaciones directas para la incidencia. Aquí, uso el término con intención. No hablo de “lobby” porque en Costa Rica esa palabra todavía arrastra demasiada roncha, demasiada suspicacia y demasiado simplismo . Y tampoco hablo solo de “relaciones institucionales , asunto públicos o asuntos corporativos”, porque eso se queda corto. La incidencia, bien entendida, es otra cosa. Es la capacidad de participar de manera legítima (lo subrayo y lo pongo en negrita para que se entienda la importancia), informada y estratégica en la formación de decisiones públicas. Es comprender instituciones, tiempos, incentivos, riesgos y narrativas. Es saber cuándo hablar, con quién hablar, cómo argumentar y, sobre todo, cómo evitar que una buena idea termine hundida por una mala lectura del contexto.

Eso, en la Costa Rica que empieza a dibujarse, va a valer más que nunca. Durante años, muchos actores aprendieron a operar en un sistema de poder fragmentado, haciendo las cosas por debajo de la mesa, usando el amiguismo o el poder de un apellido o nombre empresarial. Hoy lo que vemos, al meno yo, es una etapa distinta: una en la que la incidencia probablemente será menos dispersa e informal y mucho más exigente en precisión. No porque se vuelva más fácil, sino porque se vuelve más delicada.

Ya no alcanza con conocer gente y tener amigos. Nunca debió alcanzar, en realidad, pero ahora menos. Tampoco basta con reaccionar tarde, mandar posicionamientos genéricos o improvisar una estrategia una vez que el proyecto de ley ya está caminando. Si la nueva realidad confirma, como todo indica, una mayor disciplina entre Casa Presidencial, fracción oficialista y agenda legislativa prioritaria, la incidencia útil tendrá que empezar mucho antes, ser mucho más fina y apoyarse mucho más en legitimidad técnica y reputacional que en reflejos tácticos o taconeos de corto plazo. Esa es la diferencia entre leer el contexo o simplemente correr detrás de él.  

Hay otro punto que me parece importante. Una mayoría absoluta no elimina el conflicto democrático. Lo cambia de lugar. En la Asamblea fragmentada, el conflicto principal estaba dentro de la propia construcción de mayorías. En una Asamblea con un partido dominante, parte de ese conflicto podría desplazarse hacia otros espacios: control constitucional, opinión pública, debate técnico, medios de comunicación, presión social organizada y gestión reputacional de las decisiones. Dicho más claro: cuando ya no alcanza con los números legislativos para frenar o pasar algo, la pelea no desaparece. Se cambia de lugar.

Y eso tiene una consecuencia práctica enorme para cualquier sector regulado, cámara empresarial, organización o actor económico con intereses legítimos en juego. En esta nueva etapa no solo importará si una propuesta es buena o mala, conveniente o inconveniente, rentable o costosa. Importará también cómo se percibe, quién la impulsa, a qué velocidad avanza, qué narrativa pública la acompaña y qué costos reputacionales genera para quienes aparezcan cerca de ella. Ese riesgo suele subestimarse.

Hay gente que cree que cuando un gobierno llega fuerte lo importante es “estar cerca”. Yo creo más bien que en esos contextos lo importante detrás de la transparencia es saber cómo estar, para qué estar y bajo qué relato hacerlo. Porque el acceso sin criterio puede terminar siendo exposición. Y porque una reforma que desde el punto de vista técnico tenga lógica puede volverse políticamente tóxica si se percibe como el producto de una relación opaca, apresurada o desequilibrada. En ese sentido, la nueva etapa que se abre en Costa Rica premia la lectura estratégica.

Por eso, me parece que quienes quieran tomarse en serio el nuevo ciclo político deberían empezar por revisar sus supuestos. No asumir que el libreto de los últimos años sigue vigente. No creer que la incidencia se reduce a presencia social, agenda de reuniones o cafecitos como muchas veces el presidente y la presidente electa han criticado.

Ahí es donde la palabra incidencia recupera su verdadero valor. Incidir no es presionar. No es pedir favorcitos. No es arrimarse al poder por deporte. Incidir, en serio, es entender el entorno con suficiente anticipación como para participar en él con inteligencia, legitimidad y sentido institucional. Es construir argumentos que no solo convenzan al decisor, sino que resistan también el escrutinio público. Es saber que, en ciertas coyunturas, tan importante como llegar a la mesa es sentarse bien. En política, como en los negocios, hay momentos en que lo más caro no es equivocarse en una decisión. Lo más caro es leer tarde el cambio de contexto.