Desde hace varios días vengo siguiendo el debate en torno a la problemática de Crucitas y sus posibles soluciones. En este tema hay que tomar decisiones ya. No dentro de cinco años. No cuando el daño ambiental sea irreversible. No cuando la zona esté completamente tomada por redes ilegales. Ya.
Pues bien, desde el Frente Amplio, el PLN y la Coalición Agenda Ciudadana he escuchado la propuesta de no permitir la explotación a cielo abierto. En su lugar, proponen un esquema muy moderno de tokenización que suena muy bonito, sofisticado e innovador. Casi como si Costa Rica fuera a resolver Crucitas con una mezcla de tecnología financiera y ambientalismo de escritorio.
Pero cuando uno investiga un poquito, cuando deja de romantizar las soluciones y se mete al fondo del asunto, la conclusión es bastante clara: esta propuesta es, en el mejor de los casos, prácticamente imposible de implementar. Y en el peor, una forma elegante de seguir sin tomar decisiones. Algo que hoy le debemos al Frente Amplio, y de ahí el desastre en la zona.
La idea en resumen es esta: el oro de Crucitas se queda bajo tierra. No se extrae. No se explota a cielo abierto. En lugar de eso, alguien certifica que ese oro existe, se calcula su valor (el cual al no poderse extraer sería mucho, mucho más bajo que un lingote físico), se convierte en un activo digital y se venden certificados o tokens respaldados por ese oro no extraído. Es decir, alguien en el mundo compraría un «derecho» económico asociado a un oro que no puede tocar, no puede retirar, no puede convertir en lingote y no puede ejecutar como garantía física. Una especie de “oro virtual” que vale porque está ahí, pero precisamente porque nadie lo va a sacar.
Suena moderno. Suena nice. Suena verde. Suena muy bonito para el Plenario, los medios y una presentación de PowerPoint. Pero Costa Rica no necesita ocurrencias bonitas. Costa Rica necesita soluciones reales.
El problema es que no estamos hablando de vender café, ni bonos del Estado, ni acciones de una empresa. Estamos hablando de venderle al mercado un activo cuyo valor depende de una promesa: que el oro se quedará bajo tierra y que el Estado costarricense será capaz de custodiarlo, certificarlo, protegerlo y evitar que terceros lo sigan sacando ilegalmente. Ahí es donde la cosa se complica, o me equivoco?.
Porque seamos serios. ¿Cuál es exactamente el activo que se estaría vendiendo? ¿Una propiedad sobre el oro? ¿Un derecho de crédito contra un fideicomiso? ¿Un certificado ambiental? ¿Un título valor? ¿Un criptoactivo? ¿Una promesa de conservación? ¿Una donación sofisticada disfrazada de inversión? ¿Quién regula eso? ¿SUGEVAL? ¿El Banco Central? ¿CONASSIF? ¿MINAE? ¿Hacienda? ¿Un fideicomiso público? ¿Una entidad internacional?
Si alguien compra un token respaldado por oro, normalmente espera que ese oro exista, esté custodiado, sea auditable y eventualmente pueda convertirse en valor líquido. En el mundo real, el respaldo de un activo importa. No basta decir “créame, ahí está”. El mercado no funciona con fe. Funciona con reglas, garantías, liquidez, auditoría, derechos claros y posibilidad de ejecución. Por esos estos esquemas de tokenización son más viables con lingotes que estén custodiados.
Aquí, en cambio, el comprador tendría que aceptar que el oro está enterrado, que no se puede extraer, que no se puede entregar físicamente, que no se puede ejecutar como garantía tradicional y que su valor depende de que Costa Rica mantenga durante décadas una política pública estable, una custodia territorial efectiva y una institucionalidad confiable. De mi investigación concluyo esto: No hay, al día de hoy, Nación alguna que haya implementado un esquema como el que se plantea. Existe tokenización de oro? Si, pero de oro físico guardado en cajas fuertes.
Así que ¿Es en serio? Estamos hablando de un esquema para un Estado que no tiene los recursos para controlar la minería ilegal en Crucitas. Un país que ha visto cómo paradójicamente por la acción de los ambientalistas la zona se llenó de coligalleros, contaminación, mercurio, huecos, deforestación, economías ilegales y presencia de extranjeros ilegales vinculados a la extracción clandestina. Si, gracias a años de discursos ambientalistas, se terminó dejando la zona en manos de quienes menos les importa el ambiente.
Entonces aquí la pregunta es muy simple: ¿quién va a comprar un token respaldado por un oro que el Estado no ha podido proteger físicamente? Porque ese es el punto. La tokenización no resuelve el problema de fondo. Lo maquilla. Y lo maquilla mal, porque un token bajo esas condiciones va a valer una fracción de lo que valdría el oro físico.
Durante años, buena parte de la izquierda ambientalista costarricense celebró haber frenado la minería formal a cielo abierto como si eso hubiera salvado Crucitas. Pero la realidad fue otra. Lo que se evitó fue una explotación regulada, fiscalizada, visible, con responsables identificables y con obligaciones ambientales exigibles. Lo que vino después fue una explotación ilegal, dispersa, contaminante, opaca, violenta y sin ningún responsable claro.
Wohooo…Qué éxito más raro, ¿verdad?
Nos dijeron que defendían la naturaleza. Pero el resultado fue dejar la naturaleza en manos de la ilegalidad. Nos dijeron que protegían el agua. Pero el mercurio empezó a aparecer como parte de la realidad del territorio. Nos dijeron que evitaban un desastre ambiental. Pero el desastre ambiental llegó igual, solo que sin empresa responsable, sin concesión fiscalizable, sin regalías para el Estado y sin beneficios ordenados para las comunidades.
Esto hay que decirlo con la misma fuerza de «Páguele a la Caja!»: el frente ambientalista fracasó en Crucitas.
Y ahora, en lugar de reconocer ese fracaso, se nos propone un acto de presdigiditación: tokenizar el oro.
Es decir, como no pudieron controlar la minería ilegal, ahora quieren venderle al mundo una promesa digital basada en el valor de un recurso que sigue estando en una zona que el Estado no controla plenamente. Francamente, cuesta tomarlo en serio.
Mientras tanto, en Crucitas siguen sacando oro. Eso es lo triste. Nosotros discutimos tokens en San José, mientras en Cutris hay gente metida en huecos, contaminando suelos, moviendo oro ilegal y demostrando todos los días que la política pública llega tarde, llega débil o no llega.
Ahhh, la tokenización tiene otra carácteristica OBVIA: depende del mercado. No basta con inventar el token. Hay que venderlo. Y para venderlo hay que convencer a inversionistas reales, no a militantes de una causa ambiental. Hay que convencer gente que hace due diligence, que pregunta por garantías, que revisa riesgos, que exige liquidez, que quiere saber cómo sale de la inversión, quién custodia el activo, quién audita las reservas, quién responde si el oro se extrae ilegalmente y qué pasa si un futuro gobierno cambia la política. ¿Quién asumiría ese riesgo? ¿A qué precio? ¿Con qué descuento? ¿En qué mercado? ¿Bajo qué regulación? ¿Con qué respaldo internacional?
Entonces tampoco nos vendan el cuento de que el país va a capturar automáticamente el valor completo del oro de Crucitas mediante una solución digital. Eso no es serio. Si el activo no es ejecutable, si no es redimible, si no tiene liquidez clara y si depende de una promesa de no extracción, el mercado le va a aplicar como dije un descuento enorme. Y con razón.
Además, hay una contradicción política muy grande y bizarra. Quienes proponen esta vía suelen desconfiar del mercado, de la inversión privada, de la empresa y de los mecanismos financieros modernos cuando estos vienen del sector productivo. Pero ahora, para evitar la minería, quieren confiar en un mercado sofisticado de activos digitales, compradores internacionales, certificaciones complejas y esquemas financieros de conservación. Yeah, right…
O sea, el mercado es malo cuando produce, emplea y paga impuestos, pero es buenísimo cuando compra tokens ambientales imposibles de explicar en una pulpería de Cutris. No jodás.
El país necesita discutir Crucitas con menos romanticismo y más sentido común.
Costa Rica tiene una tradición estatista profunda. Nos cuesta reducir el gasto. Nos cuesta cerrar instituciones inútiles. Nos cuesta eliminar duplicidades. Nos cuesta despedir privilegios. Nos cuesta ordenar el aparato público. Nos cuesta decir que no. Pero al mismo tiempo queremos más seguridad, más educación, más salud, más infraestructura, más inversión social, más presencia estatal y más desarrollo regional.

Todo eso cuesta plata.

Y si no vamos a tener la disciplina política para reducir gasto de manera seria, entonces al menos deberíamos tener la madurez de discutir fuentes frescas de ingresos sin convertir cada actividad productiva en una batalla moral. La minería regulada no es una herejía. Es una actividad económica que muchos países desarrollados permiten bajo estándares estrictos. Canadá, Australia, Finlandia y otros países con instituciones serias no se volvieron enemigos del ambiente por permitir minería. Lo que hicieron fue regular, fiscalizar, cobrar, exigir garantías, imponer tecnología y sancionar incumplimientos.
Costa Rica, en cambio, muchas veces prefiere prohibir, celebrar la prohibición, abandonar el territorio y luego sorprenderse cuando aparece la ilegalidad.
Por eso, la discusión honesta no es “minería sí” o “minería no”. Esa es una forma pobre de plantear el problema. La discusión real es quién controla el oro: el Estado mediante reglas claras, una concesión formal con responsabilidad ambiental y fiscal, un esquema artesanal regulado que probablemente sería dificilísimo de supervisar, o las redes ilegales que ya están ahí.
Porque hoy el oro se está extrayendo. Esa es la verdad incómoda. No está esperando a que los diputados terminen de filosofar. No está quieto en la tierra mientras San José debate. No está protegido por discursos. Sale por la vía ilegal.
La tokenización puede sonar atractiva para una entrevista, para una conferencia, para una comisión legislativa o para quedar bien con ciertos sectores urbanos que quieren sentirse modernos sin ensuciarse las botas. Pero las comunidades no viven de tokens. Los ríos no se limpian con discursos. El mercurio no desaparece con certificados digitales. Y el Estado no recupera autoridad porque alguien inventó un activo financiero con nombre elegante.
Costa Rica tiene que madurar. Debe dejar de creer que puede resolver problemas complejos con frases bonitas. Crucitas exige una solución dura (YA), seria (YA), fiscalizable y ejecutable (YA). Una solución que parta de la realidad y no de la fantasía.
Por eso, antes de venderle al país una solución que suena a innovación, pero huele a evasión política, conviene hacer una pregunta muy sencilla, muy tica y muy directa: ¿de verdad vamos a resolver Crucitas con tokens? Yo creo que no.