Lo que demuestra la más reciente discusión ventilada en la Junta Directiva de la CCSS es que las propuestas para «fortalecer» la seguridad social costarricense parten de una premisa equivocada. Cuando la premisa está mal, todo lo que le sigue también está mal. Es causalidad en su máxima expresión.
Es que el verbo suena bonito: Fortalecer. ¿Quién podría oponerse a fortalecer la seguridad social? ¿Quién podría estar en contra de cuidar el régimen de pensiones? ¿Quién podría no querer una Caja sólida y capaz de responderle a la gente? Nadie en su sano juicio. El problema no está en el objetivo. Está en el camino.
Porque una cosa es fortalecer la seguridad social y otra muy distinta es seguir cargando sobre los mismos hombros el costo de décadas de malas decisiones, una mala entendida autonomía institucional, rigidez de los mandos medios, privilegios sindicales, informalidad creciente, mala gestión, baja productividad y una relación cada vez más rota con el ciudadano.
Costa Rica tiene que discutir con seriedad el futuro de la Caja. Pero discutirlo en serio implica dejar de usar el lenguaje dulce para encubrir decisiones duras. Implica decir las cosas como son. Varias de las propuestas que se han planteado no son reformas estructurales. Son parches. Algunas son, además, parches profundamente injustos. Y muchas parten de la misma vieja receta nacional: cuando el sistema no da, se le cobra más a quienes todavía están dentro.
Eso no es reforma. Eso es administración del deterioro.
El régimen de pensiones enfrenta un problema real. Negarlo sería irresponsable. La demografía cambió. La población envejece. La natalidad cayó. La informalidad laboral debilita la base contributiva. La expectativa de vida aumentó. La relación entre cotizantes y pensionados se vuelve cada vez más estrecha. Todo eso es cierto. Pero precisamente por eso la respuesta no puede ser simplemente buscar nuevas fuentes de cobro, mover cargas de un bolsillo a otro, aumentar cuotas o exigir más años de cotización sin entrarle a las causas profundas del problema. Lo he dicho en muchas de mis entregas, el problema de la CCSS es estructural.
Aquí hay una pregunta que casi nadie quiere hacer: ¿cuántas veces más vamos a pedirle al trabajador formal, al patrono que sí cumple, al profesional independiente, al joven que apenas empieza y al pensionado que ya cotizó durante décadas, que vuelvan a poner la plata para sostener un sistema que nunca termina de corregirse?
La respuesta no puede ser siempre la misma: «un poquito más.» Un poquito más de contribución. Un poquito más de cuotas, o lo que es lo mismo «un poquito más de edad efectiva de retiro, aunque no se diga así». Un poquito más de carga para los pensionados. Un poquito más de traslado de recursos. Un poquito más de intervención. Un poquito más de Estado sobre la vida económica de las personas.
Ese «poquito más», repetido durante años, es exactamente lo que ha convertido a Costa Rica en un país caro para trabajar, caro para contratar, caro para producir y cada vez más hostil para la formalidad. Y con respecto a la Seguridad Social hasta la misma OCDE lo ha dicho: las cargas sociales son altas y pesadas. Más bien deberíamos estar viendo como las bajamos.
La Caja vive de personas y empresas que generan ingresos, pagan salarios, cotizan, invierten, contratan y producen riqueza. Si cada reforma termina encareciendo la formalidad, el sistema entra en una contradicción fatal: necesita más cotizantes, pero castiga más a quienes cotizan.
Eso no es diseño institucional. Eso es pegarse un balazo en el pie y luego nombrar una comisión para estudiar por qué duele.
Aumentar el número de cuotas requeridas para pensionarse puede presentarse como una medida técnica. Se puede explicar con cuadros actuariales. Se puede justificar con lenguaje de sostenibilidad. Pero en la vida real significa algo muy concreto: más años de trabajo formal para acceder a un derecho que las personas ya sienten cada vez más incierto.
Y eso ocurre en un mercado laboral donde muchos jóvenes entran tarde a la formalidad, donde las trayectorias laborales son más discontinuas, donde el trabajo independiente crece y donde no todo el mundo tiene la dicha de cotizar de manera continua desde los veinte años hasta la vejez.
¿A quién golpea más una medida así? No al burócrata que se le ocurrió esta propuesta con carrera estable. No al funcionario que logró cotizar de forma continua. Golpea al trabajador con lagunas laborales. A la mujer que salió del mercado para cuidar hijos o familiares. Al independiente que tuvo años buenos y años malos. Al pequeño empresario que se cayó y se volvió a levantar. Al joven que pasó por contratos temporales antes de lograr estabilidad.
Es decir, golpea precisamente a la mayor parte de la Costa Rica real. No a la que está al servicio del Estado.
Imponer contribuciones adicionales a pensionados tiene un nombre más honesto: extraer de quienes ya cumplieron. Por supuesto que se puede hablar de solidaridad. Palabra que en el caso que nos ocupa se ha prostituido en mi opinión. Siempre se puede. La palabra solidaridad en Costa Rica sirve para abrir casi cualquier puerta. Es como el «Páguele a la Caja!» de Villalta. Pero hay que tener cuidado. Porque una cosa es tratar de corregir abusos o pensiones claramente desproporcionadas, y otra muy distinta es normalizar la idea de que incluso quien ya cumplió con las reglas del juego debe seguir siendo visto como fuente disponible de financiamiento estatal.
Un pensionado no es una cuenta bancaria del sistema. Es una persona que planificó su vida sobre ciertas expectativas. Muchas veces con ingresos ajustados, con gastos médicos crecientes (porque con la CCSS no se puede contar para todo), con responsabilidades familiares y con una capacidad limitada de generar nuevos ingresos. Si hubo excesos en algunos regímenes o beneficios mal diseñados, corríjanse con bisturí. Pero no se puede convertir la vejez en otro espacio de extracción fiscal disfrazada de solidaridad.
Y si hablamos de usar parte del IVA para ahorro previsional, hay que hablar claro. El IVA no nació para convertirse en una caja flexible al servicio de cualquier urgencia. Es un impuesto que ya golpea el consumo de todos, sobretodo los hogares de menores ingresos. Redirigir parte de ese impuesto hacia una finalidad previsional puede parecer atractivo, pero abre una discusión fiscal compleja: qué se deja de financiar, quién absorbe el costo y qué garantía existe de que esa nueva arquitectura no terminará siendo otra promesa más, vulnerable a la presión política de turno.
El error de fondo es que seguimos discutiendo la sostenibilidad de la seguridad social desde la perspectiva Estatista: desde la lógica del ingreso, no desde la lógica del desempeño. Siempre la pregunta es cuánto más se puede cobrar. Nunca es cuánto se puede mejorar con lo que tenemos.
Antes de pedir más cuotas, más cargas o más aportes, la Caja debe rendir cuentas con transparencia radical sobre su eficiencia interna, sus costos, sus tiempos de respuesta, sus sistemas de compras, su gestión de listas de espera, su estructura laboral, sus incentivos, sus resultados clínicos, sus inversiones y su capacidad real de transformación.
Porque el contrato entre ciudadano y seguridad social se rompe cuando la gente siente que paga más, espera más y recibe menos.
Ese es el punto crítico. La seguridad social no se defiende con discursos sobre solidaridad. Se defiende con resultados. Se defiende cuando una persona consigue una cita a tiempo. Se defiende cuando una cirugía no se posterga indefinidamente. Se defiende cuando los medicamentos están disponibles. Se defiende cuando el asegurado siente que su contribución se traduce en servicio. Se defiende cuando el pensionado confía en que el sistema no cambiará las reglas cada vez que las finanzas se complican.
La legitimidad de la Caja no es automática. Se gana todos los días.
Por eso resulta tan preocupante que, frente a una crisis estructural, la respuesta vuelva a girar alrededor de mecanismos que aumentan la presión sobre la formalidad, mientras la conversación sobre productividad institucional queda en segundo plano. Costa Rica necesita una reforma mucho más profunda. Una que entienda que el Estado no puede seguir funcionando como si la economía fuera una finca infinita de donde siempre se puede sacar un poco más.
No se puede hablar de ampliar la cobertura sin hablar seriamente de formalización. No se puede hablar de formalización mientras contratar formalmente siga siendo tan caro. Mientras siga existiendo una base mínima contributiva. No se puede pedir que más independientes entren al sistema si el sistema les cobra como si todos tuvieran ingresos estables, predecibles y altos. No se puede hablar de trabajadores de plataformas como si fueran una categoría abstracta, sin entender la flexibilidad que precisamente hace viable ese tipo de ingreso para miles de personas.
El mundo laboral cambió. La Caja debe cambiar con él. Pero cambiar no significa simplemente inventar nuevas formas de cobrar. Significa diseñar esquemas proporcionales, flexibles, simples y compatibles con la realidad económica de las personas.
Un sistema que expulsa gente hacia la informalidad por exceso de costo y complejidad no es solidario. Es torpe. Muy torpe, como las personas que lo buscan perpetuar.
La verdadera solidaridad no consiste en obligar a menos personas a pagar cada vez más. Consiste en construir reglas que permitan que más personas puedan participar, aportar y recibir protección sin sentir que el sistema las asfixia. Solidaridad sin sostenibilidad es romanticismo. Sostenibilidad sin libertad económica es estatismo. Y estatismo sin resultados es, sencillamente, un robo.
Hay que revisar con seriedad la gobernanza. La Caja no puede seguir siendo tratada como una isla en el océano Pacífico. Como en el caso de las Universidades, la autonomía no significa ausencia de control. Autonomía no significa inmunidad frente a la evaluación. Autonomía no significa que cada crítica sea un ataque contra la seguridad social. Esa confusión producida por la izquierda criolla ha hecho mucho daño.
Defender la Caja no es defender todo lo que la Caja hace. Defender la Caja es exigirle más. Es pedirle cuentas. Es obligarla a modernizarse. Es sacarla de la zona cómoda donde cualquier discusión termina reducida a una falsa dicotomía: o se aceptan más cargas, o se destruye el Estado social de derecho.
Esa trampa discursiva hay que rechazarla.
Se puede creer en una seguridad social fuerte y, al mismo tiempo, oponerse a que se siga castigando al sector productivo. Se puede defender la protección de los más vulnerables y, al mismo tiempo, exigir que el sistema deje de operar con incentivos equivocados. Se puede reconocer el valor histórico de la Caja y, al mismo tiempo, decir que su modelo actual necesita cirugía mayor.
De hecho, precisamente porque la Caja importa, hay que dejar de administrarla con miedo.
Costa Rica necesita una reforma de seguridad social basada en libertad, responsabilidad y resultados. Libertad para que las personas puedan trabajar, emprender y cotizar bajo reglas compatibles con sus vidas reales. Responsabilidad para que el Estado no prometa más de lo que puede financiar. Resultados para que cada colón que entra al sistema tenga trazabilidad, impacto y justificación.
Eso exige revisar beneficios, costos, incentivos y privilegios. Exige modernizar tecnología. Exige reducir cargas. Exige simplificar el aseguramiento de independientes. Exige separar con claridad la política social de la sostenibilidad actuarial. Exige abrir la discusión sobre modelos complementarios, competencia regulada, ahorro individual, compras más eficientes y mecanismos de gestión que premien desempeño y no solo antigüedad.
Lo difícil no puede seguir siendo excusa para escoger siempre lo más cómodo: cobrar más.
Hay una frase que Costa Rica debería tatuarse en cada discusión fiscal, laboral y social: no hay justicia social posible sobre una economía debilitada.
Costa Rica necesita una Caja fuerte. Pero una Caja fuerte no se construye debilitando a quienes la sostienen.
La seguridad social no se salva cobrando un poquito más cada vez que el sistema se queda corto. Se salva cambiando de verdad. El costo de no hacerlo lo pagamos todos.
