Hace un par de días tuve la oportunidad de grabar el podcast «Libres para Elegir» de mi buen amigo Otto Guevara, donde discutimos muchas cosas interesantes derivadas de la premisa: «El Estado que tenemos vs. el Estado que queremos». No les voy a decir más y cuando salga el episodio lo compartiré en la redes sociales. Dicho esto, un tema que ocupó mucha parte de esta entrevista fue la Caja Costarricense del Seguro Social. Y de ese tema algo que discutimos fuera de cámara es algo sobre lo cual la Junta Directiva de la CCSS podría tomar decisiones valientes y aliviar el bolsillo de muchos costarricenses promoviendo, a su vez, la formalidad.

La doble imposición en materia de seguridad social para trabajadores que simultáneamente perciben ingresos como asalariados y como independientes refleja una de las mayores contradicciones del modelo costarricense: decimos querer incentivar la formalidad laboral, pero seguimos implementando regulaciones que, paradójicamente, fomentan la informalidad.

La normativa actual establece que una persona que ya aporta cargas sociales mediante retenciones salariales, también debe hacerlo adicionalmente sobre los ingresos obtenidos por actividades independientes. Esta disposición, sustentada principalmente en el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS y en su Reglamento para Trabajadores Independientes, podría parecer razonable desde la óptica simplista de “a mayores ingresos, mayores responsabilidades”. Sin embargo, al analizar la medida en profundidad, se revela una falta flagrante de proporcionalidad y un castigo irracional al emprendimiento y al trabajo formal.

La Caja Costarricense de Seguro Social argumenta que el doble cobro es necesario para sostener financieramente el sistema. Según sus técnicos, esta lógica responde a la necesidad de compensar la ausencia del aporte patronal en el régimen independiente. No obstante, esta justificación técnica ignora una realidad económica básica: al aumentar desproporcionadamente la carga contributiva sobre las actividades independientes de personas ya aseguradas como asalariadas, estamos generando incentivos perversos que fomentan la evasión y el trabajo informal.

Además, resulta alarmante que los trabajadores independientes que también son asalariados lleguen a pagar tasas efectivas que duplican o triplican la carga contributiva de quienes tienen ingresos similares exclusivamente como asalariados. Un profesional independiente con ingresos relativamente altos paga hasta un 18,78% sobre su renta neta en seguridad social, frente al 9,50% que paga un asalariado. Esta desigualdad tributaria, disfrazada de aportación social, no solo es injusta, sino que además actúa como un impuesto adicional encubierto, desincentivando severamente la actividad productiva formal.

El efecto directo de este régimen es previsible y negativo: trabajadores talentosos optan por mantener sus ingresos independientes ocultos, evitando declararlos y pagando así menos o nada en cargas sociales. Las cifras del INEC respaldan esta hipótesis, revelando cómo en Costa Rica alrededor del 43% de la fuerza laboral sigue en la informalidad. Este porcentaje, lejos de reducirse, se ve reforzado por regulaciones regresivas como esta doble imposición en cargas sociales.

Jurídicamente, aunque la Sala Constitucional ha validado en ocasiones esta práctica, los magistrados han reconocido matices importantes. Existen numerosas demandas pendientes en Tribunales Administrativos que cuestionan con sólidos argumentos la proporcionalidad y la razonabilidad de estos cobros, particularmente cuando la CCSS los aplica de manera retroactiva, algo absolutamente cuestionable desde el punto de vista del debido proceso y la seguridad jurídica.

Comparativamente, otros países han abordado mejor este desafío. En Colombia, por ejemplo, la carga por actividades independientes está limitada a porcentajes razonables y topes claros, lo que permite equilibrio y fomenta la formalización. En Costa Rica, en cambio, seguimos con una normativa rígida y desactualizada que ignora la realidad del mercado laboral moderno, altamente flexible y dinámico.

Además, el sistema actual no solo es perjudicial para los profesionales con altos ingresos, sino especialmente devastador para pequeños emprendedores, profesionales jóvenes, y trabajadores en sectores creativos o digitales, quienes buscan diversificar sus fuentes de ingreso en un entorno económico cada vez más competitivo. Muchos de ellos enfrentan la disyuntiva entre mantener sus ingresos independientes ocultos para evitar una carga tributaria injusta o declarar debidamente sus ganancias, arriesgándose a una tributación confiscatoria que les quita toda posibilidad de crecimiento económico sostenible.

Este tipo de política no solo perpetúa la informalidad, sino que también afecta profundamente la confianza en las instituciones públicas. Cuando los ciudadanos perciben que las cargas contributivas son injustas y desproporcionadas, la credibilidad y legitimidad del sistema entero se ven erosionadas. Una política que fomenta la evasión por diseño no solo falla en su objetivo recaudatorio inmediato, sino que además promueve una cultura de desconfianza institucional, donde la informalidad se convierte en la norma, en lugar de ser la excepción.

Otra crítica importante surge del ámbito económico: esta doble cotización reduce la competitividad general de la economía costarricense, particularmente en comparación con otras jurisdicciones donde la regulación tributaria es más lógica y eficiente. Esto resulta especialmente problemático en una economía globalizada, donde Costa Rica compite directamente con países que aplican modelos tributarios más justos y racionales. Las empresas y profesionales optarán inevitablemente por trasladarse o por invertir en mercados donde la carga tributaria no penalice severamente el esfuerzo adicional o la diversificación de ingresos.

Es urgente, entonces, revisar a fondo estas políticas. La Junta Directiva de la CCSS debe atender las voces de expertos profesionales, empresariales y analistas económicos que llevan años señalando esta inconsistencia. Las reformas son necesarias para establecer un sistema justo, transparente y acorde con la capacidad real contributiva de cada trabajador. Mientras eso no ocurra, las políticas que dicen buscar proteger a los trabajadores seguirán siendo un catalizador directo del desempleo oculto y la informalidad, dañando la sostenibilidad social y económica del país.

Costa Rica merece una reforma urgente, racional y justa. De no tomar medidas inmediatas, continuaremos expulsando a trabajadores responsables hacia la informalidad, perpetuando un sistema que castiga la productividad y fomenta la evasión. Es hora de que las autoridades reaccionen, dejando atrás regulaciones caducas que solo generan pobreza, desigualdad y retroceso económico. No hacerlo, sería un acto de irresponsabilidad histórica.