Hace unos días, un juez en Costa Rica decidió, sin audiencia previa, suspender la exportación de tiburones capturados por el sector palangrero nacional. La medida, calificada como “provisionalísima”, afecta directamente a miles de pescadores en Puntarenas, Guanacaste y el Pacífico Sur. Detrás de esa resolución hay una idea que se repite con frecuencia en nuestro país: la creencia de que proteger el ambiente pasa por castigar la producción. Es el reflejo de un ambientalismo punitivo, más moralista que técnico, que en nombre de la naturaleza termina golpeando al ser humano y debilitando la sostenibilidad real.

Un fallo con efectos inmediatos

La medida judicial prohíbe la exportación de tiburón sedoso y de varias especies del género Alopias (tiburón zorro), bajo el argumento de que están en peligro y de que su comercio sería ilegal según la Ley de Vida Silvestre. En la práctica, esto paraliza la pesca palangrera orientada al mercado externo. No se trata de una industria marginal: alrededor de 8.000 costarricenses dependen directa o indirectamente de esa cadena productiva.

El juez actuó inaudita parte, es decir, sin escuchar al Estado ni a los afectados. Lo hizo apelando al principio precautorio: ante la duda, detenerlo todo (sobre este desafortunado principio he escrito bastante). El problema es que el derecho ambiental no puede aplicarse como un martillo que ignora el resto del orden jurídico. Cuando una decisión judicial se toma sin ponderar los derechos de miles de familias costeras, deja de ser una medida de protección y se convierte en una forma de violencia institucional disfrazada de virtud ecológica.

La ciencia no avala una prohibición absoluta

El ambientalismo que busca prohibir la pesca de tiburones suele apoyarse en un dato: las poblaciones de algunas especies han disminuido en las últimas décadas. Es cierto. Pero también lo es que no existe evidencia de un colapso en Costa Rica bajo el esquema actual de manejo. Los registros de INCOPESCA muestran que las capturas de tiburón sedoso se estabilizaron desde 2013, rondando las 2.300 toneladas anuales. En otras palabras, el nivel de extracción es constante, y las tendencias más recientes del Pacífico oriental sugieren incluso cierta recuperación gracias a mejores prácticas y liberación de ejemplares juveniles.

Los tiburones en cuestión están clasificados como “vulnerables” o “en peligro”, no como especies extintas ni de distribución crítica. Esto significa que su aprovechamiento puede continuar bajo manejo sostenible, tal como reconoce la Convención CITES, de la que Costa Rica es parte. De hecho, nuestro país emite para cada exportación un Dictamen de Extracción No Perjudicial, un informe técnico-científico que garantiza que el comercio no afecta la supervivencia de la especie.

No hay un vacío de regulación, hay un exceso de desconfianza. Costa Rica prohíbe el aleteo desde hace más de veinte años, aplica el sistema de “aletas adheridas”, monitorea desembarques y exportaciones, y cumple con los compromisos de la CIAT y OSPESCA. Si después de todo esto seguimos castigando al pescador, no estamos protegiendo al tiburón: estamos criminalizando al cumplimiento.

Un país atrapado en su propio laberinto normativo

El problema no es solo científico, es jurídico. En Costa Rica conviven dos regímenes legales que chocan entre sí.

La Ley de Vida Silvestre prohíbe el comercio de especies declaradas en peligro, mientras que la Ley de Pesca y Acuicultura permite el aprovechamiento responsable de los recursos marinos. Para resolver ese conflicto, el Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA) había emitido en 2017 un acuerdo que declaraba ciertas especies de tiburón como recursos pesqueros sujetos a manejo. Sin embargo, la Sala Primera lo anuló en 2023, devolviendo esas especies al régimen de vida silvestre. Esa sentencia abrió un vacío que hoy se está llenando por vía judicial, no legislativa.

El juez que dictó la medida cautelar interpretó el fallo de Sala I como una orden implícita de detener toda exportación. Pero esa lectura es abusiva. La Corte no ordenó un cierre, solo resolvió un tema de competencia administrativa. Aun así, la medida actual paraliza una actividad económica legítima sin mediar ni debate técnico ni proceso legislativo. Es la judicialización de la política pesquera, una tendencia preocupante donde los tribunales sustituyen la gestión pública por decretos de emergencia disfrazados de sentencias.

El costo humano del ambientalismo punitivo

Las decisiones judiciales no ocurren en el vacío. Tienen consecuencias sociales concretas.

El cierre de exportaciones afecta a capitanes, marineros, estibadores, fileteadoras, transportistas, exportadores y sus familias. La cadena productiva del tiburón, carne y aletas, genera cerca de siete millones de dólares anuales, la mayoría concentrada en zonas de bajo desarrollo. En Puntarenas, esa economía no es un lujo; es la diferencia entre sostener un hogar o caer en la pobreza.

Paradójicamente, al prohibir la exportación sin alternativa, el Estado fuerza a muchos pescadores a desechar tiburones muertos al mar o a venderlos clandestinamente. Es decir, crea un incentivo perverso que destruye trazabilidad, fomenta la ilegalidad y desperdicia proteína marina que podría aprovecharse legalmente.

La sostenibilidad no se construye desde la pizarra, se construye en el muelle. Y si las políticas públicas olvidan a las comunidades costeras, se pierde la legitimidad del propio discurso ambiental. El resultado será siempre el mismo: menos confianza, más informalidad y un océano menos gobernable.

La protección de la naturaleza no debe enfrentarse al desarrollo humano

El ambientalismo que criminaliza al pescador es el mismo que paraliza proyectos energéticos, bloquea carreteras con denuncias “preventivas” o impide que el país utilice racionalmente sus recursos naturales. En nombre del ambiente, hemos llegado a aceptar un modelo que castiga la actividad productiva legal mientras tolera la ineficiencia institucional.

Defender el ambiente no es destruir la economía que depende de él. La verdadera sostenibilidad consiste en armonizar los tres pilares: ambiental, económico y social. El pescador costarricense no es un enemigo de la conservación; es su aliado natural. Es quien observa el mar, reporta anomalías, respeta vedas y sufre cuando una especie desaparece. Pero necesita reglas claras y un Estado que confíe en su oficio.

En lugar de judicializar la pesca, deberíamos fortalecer la ciencia pesquera nacional, aumentar la presencia de observadores a bordo, invertir en trazabilidad electrónica y exigir transparencia total en las exportaciones. Esas son soluciones estructurales. Lo demás es populismo ambiental: discursos fáciles para un problema complejo.

Entre el dogma y la razón

Costa Rica lleva años construyendo su reputación como líder en sostenibilidad. Pero el liderazgo ambiental no se mide por la cantidad de prohibiciones, sino por la capacidad de equilibrar intereses legítimos. Las medidas extremas nos hacen retroceder: destruyen confianza, paralizan sectores y alimentan la percepción de que proteger el ambiente es incompatible con producir. Ese es el peor mensaje que un país puede enviar.

El juez que dictó la medida seguramente actuó con buena intención. Pero el buen propósito no convierte una decisión en correcta. Cuando el derecho ambiental se aplica sin evidencia científica, sin audiencia y sin medir su impacto social, se convierte en una herramienta de castigo, no de justicia.

El ambientalismo punitivo, como toda forma de dogmatismo, simplifica la realidad: divide al país entre “defensores de la naturaleza” y “depredadores del mar”. Esa caricatura ignora que detrás de cada barco hay una familia, una comunidad y una historia. Ignora también que proteger al océano requiere ciencia, diálogo y política pública, no sentencias improvisadas.

Un llamado al equilibrio

Costa Rica no necesita escoger entre el tiburón y el pescador. Puede y debe proteger ambos.

La salida no es destruir la pesca, sino hacerla cada vez más responsable y transparente. Los datos científicos demuestran que la situación de las poblaciones de tiburón requiere atención, pero no una moratoria total. Los mecanismos de CITES, los planes nacionales de manejo y las políticas regionales ya ofrecen una hoja de ruta. Lo que hace falta es decisión política y coherencia jurídica para aplicarlos bien, sin caer en el espectáculo del prohibicionismo.

Es momento de repensar el modelo ambiental costarricense. Si seguimos gobernando desde la desconfianza y el miedo al error, terminaremos con un Estado que castiga al que cumple y premia al que evade. La sostenibilidad no se impone por decreto ni por sentencia, se construye con conocimiento, cooperación y responsabilidad compartida.

El país que queremos debe ser capaz de defender el ambiente sin sacrificar su desarrollo humano. Eso requiere un cambio de enfoque: pasar del ambientalismo punitivo al ambientalismo inteligente —ese que protege sin destruir, que escucha antes de prohibir y que entiende que cuidar el mar empieza por cuidar a quienes viven de él.