Acabo de terminar de ver el episodio del lunes de El Octavo Mandamiento, donde Pilar Cisneros debatió con Fernando Rivas, vocero de CONARROZ. El tema: la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (FONARROZ), un proyecto de ley que ha captado atención en los últimos días dentro de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto busca, en el papel, garantizar la seguridad alimentaria del país y proteger a los productores de arroz mediante un fondo que otorgue créditos, avales y subsidios financiados con nuevos tributos. Suena noble. Pero detrás de esa narrativa de “auxilio” se esconde un diseño institucional que podría encarecer el alimento más básico de la dieta costarricense, consolidar privilegios sectoriales y afectar directamente a los hogares más pobres del país.
He escrito bastante sobre este tema, y confieso que pensaba dejarlo en paz. Este proyecto seguramente será aprobado en esta Asamblea, y ojalá, por el bien del país, el Poder Ejecutivo lo vete. Pero este debate del lunes me obligó a retomarlo.
Dos frases del vocero de los arroceros me hirvieron la sangre.
Primero, dijo que este proyecto “tenía apoyo de diputados liberales”. Y no. Un liberal en serio jamás podría apoyar este proyecto. Solo lo haría por cálculo político, por cambalache o por miedo a perder simpatía mediática. Porque desde cualquier óptica liberal, económica, jurídica o ética, este proyecto es una aberración.
Segundo, afirmó que los nuevos impuestos que propone FONARROZ “no los asume el consumidor”. Y ahí sí, permítanme decirlo sin rodeos: eso es falso y risible.
¿Qué plantea el proyecto?
FONARROZ se presenta como un fondo con “personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio”, administrado por la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Su objetivo declarado es proteger la producción nacional de arroz, ofrecer apoyo financiero a los productores y compensar la diferencia entre el precio internacional y el nacional del grano.
Para financiarlo, el proyecto establece tres fuentes principales:
- Un tributo de 25 dólares por tonelada métrica de arroz en granza importada.
- Otro de 39,4 dólares por tonelada métrica de arroz pilado importado.
- 25 dólares por tonelada métrica de arroz producido en suelo costarricense, que deberán pagar todos los productores, agremiados o no.
Dicho de otro modo: se grava tanto la importación como la producción local. Y aunque se diga que estos tributos “fortalecerán la competitividad”, en realidad lo que hacen es encarecer el arroz para todos.
El espejismo de la “seguridad alimentaria”
El discurso político del proyecto se envuelve en una bandera emocional: “proteger la seguridad alimentaria”. Pero la seguridad alimentaria no se garantiza elevando precios ni creando subsidios cruzados; se garantiza mejorando productividad, reduciendo costos y asegurando acceso.
Lo que este proyecto hace es lo contrario: protege estructuras ineficientes a costa de quienes menos tienen. El arroz es uno de los productos con mayor peso en la canasta básica. En Costa Rica, los hogares de los primeros deciles gastan una gran parte de su ingreso en alimentos básicos, y el arroz representa una parte significativa. Si el precio del arroz sube, aunque sea unos pocos colones por kilo, el golpe lo sienten los que menos pueden absorberlo.
Por eso, cuando escucho decir que “el impuesto no lo paga el consumidor”, no puedo sino responder con ironía. Todo impuesto indirecto en bienes de consumo termina trasladándose en el precio final. Es una ley económica tan elemental como la gravedad. Fingir lo contrario es ignorancia o mala fe (me inclino por lo segundo).
Las razones por las cuales este proyecto es inconveniente
Permítanme enumerarlas con claridad, porque el debate público necesita precisión.
1. Es un impuesto regresivo y encubierto
FONARROZ se financiaría mediante tributos que inevitablemente aumentarán el precio del arroz. Es decir, un impuesto disfrazado de fondo. No lo pagan los productores grandes,que pueden trasladarlo, sino los consumidores, especialmente los más pobres. En la práctica, es una transferencia de renta de los deciles bajos a los grandes productores y agroindustrias.
2. Consolida un oligopolio disfrazado de política social
La administración del fondo queda en manos de CONARROZ, la misma entidad que ha mantenido durante años un sistema cerrado y poco competitivo. Este diseño refuerza la concentración del poder económico en un solo ente corporativo que funge como juez y parte: fija cuotas, distribuye beneficios, y controla quién entra o sale del sistema. No hay nada más alejado del espíritu de la libre competencia que un fondo manejado por los mismos actores que dominan el mercado.
3. Desincentiva la eficiencia y la innovación
Al garantizar subsidios a través de ayudas internas y precios compensados, se elimina el incentivo natural a mejorar la productividad. El productor eficiente no se ve recompensado por serlo; el ineficiente, en cambio, recibe ayuda por existir. Eso no es política agrícola: es paternalismo económico.
4. Crea barreras de entrada para nuevos productores
El proyecto establece cuotas máximas, límites de hectáreas y requisitos para acceder a beneficios. En apariencia busca “ordenar” la producción, pero en la práctica congela el mercado. Los nuevos productores quedan atados a condiciones restrictivas que los obligan a depender del beneplácito del Consejo Ejecutivo del FONARROZ.
5. Vulnera principios de competencia y tratados internacionales
Al establecer medidas de ayuda interna vinculadas a aranceles, el proyecto se ubica en una zona gris frente a las normas de la OMC. Si Costa Rica supera su límite de “Medida Global de Ayuda”, podría exponerse a cuestionamientos internacionales. Irónicamente, se crea un fondo “de competitividad” que puede terminar afectando la competitividad del país.
6. Aumenta la carga administrativa y la burocracia agrícola
El proyecto crea una nueva estructura paralela, con Consejo Ejecutivo, auditorías internas y externas, reglamentos, y reportes al Ministerio de Hacienda. Todo ello implica costos administrativos que restan recursos a los supuestos beneficiarios. El Estado se multiplica mientras la productividad sigue estancada.
7. Socava la credibilidad de la política económica
Después de una década intentando liberalizar el mercado arrocero, este proyecto representa un retroceso. Envía un mensaje confuso a los inversionistas y contradice los compromisos del país en materia de apertura comercial y modernización regulatoria.
8. Contradice el principio liberal de igualdad ante la ley
El liberalismo no se mide por discursos, sino por coherencia. No se puede defender la libertad de empresa mientras se aprueban subsidios selectivos y protecciones corporativas. Este fondo, en esencia, institucionaliza el privilegio.
El falso dilema del “campo contra la ciudad”
Algunos intentan justificar el proyecto bajo el argumento de que “hay que proteger al productor nacional frente al importador”. Pero ese relato es simplista. El problema no es la competencia internacional, sino la falta de condiciones internas para producir con eficiencia.
En lugar de crear fondos que perpetúan la dependencia, el país debería concentrarse en:
- mejorar el acceso al crédito productivo sin intermediarios corporativos,
- invertir en infraestructura rural, riego y tecnología,
- reducir los costos energéticos y logísticos,
- y facilitar la transición hacia cultivos con mayor valor agregado.
Proteger con impuestos no es defender el agro, es condenarlo al rezago.
El punto de fondo
El FONARROZ no es una política agrícola: es una política de transferencia.
Transfiere ingresos de quienes compran arroz: los consumidores; a quienes lo producen bajo el paraguas de un ente con poder cuasi monopólico.
Y lo más grave: lo hace en nombre de la “competitividad” y la “seguridad alimentaria”, términos que en este contexto se vacían de sentido. Competitividad no es vivir de subsidios. Seguridad alimentaria no es pagar más por lo mismo.
Un país que confunde subsidios con seguridad, y privilegios con competitividad, termina empobreciendo a todos.
Conclusión
En el debate del lunes, el vocero de CONARROZ dijo que el consumidor no pagará el impuesto. Ojalá fuera cierto. Pero la economía no se rige por deseos, sino por realidades.
Cada colón que se le cobre al importador o al productor se reflejará en el precio del arroz. Y ese precio lo pagará la familia que hoy ya lucha para llenar su olla.
Si eso no se entiende en la Asamblea, al menos debería entenderlo el Poder Ejecutivo: vetar este proyecto sería un acto de justicia económica y de respeto a los principios más básicos de la libertad.
Porque lo que está en juego no es solo el precio del arroz, sino el rumbo moral de la política pública: si seguimos gobernando para gremios o si, de una vez por todas, empezamos a gobernar para el ciudadano común que no tiene voz, pero sí derecho a comer sin pagar el costo de los privilegios ajenos.