Sobre los programas de gobierno: Pueblo Soberano

Séptimo artículo de esta serie.

Hoy toca el turno del Partido Pueblo Soberano, encabezado por doña Laura Fernández, cuyo plan es probablemente el más tecnocrático y orientado a resultados.

No es un programa ideológico, sino de gestión.

Habla el lenguaje de la administración pública moderna: indicadores, métricas, control del gasto y rendición de cuentas. Su punto fuerte es la capacidad de traducir principios de eficiencia en políticas concretas.

En el análisis de coherencia doctrinal en mi escala obtiene una calificación de 4.0 sobre 5, lo que lo coloca en el rango moderado-alto de coherencia liberal: un enfoque pragmático, pro-mercado y orientado a la productividad.

Un Estado que gestiona, no que improvisa

El programa de Pueblo Soberano parte de una premisa simple pero crucial: el Estado debe rendir cuentas como una empresa bien administrada. Desde el primer capítulo, se define la necesidad de “gestionar con indicadores de desempeño”, “establecer metas medibles” y “profesionalizar la función pública con criterios de mérito y responsabilidad”.

A diferencia de algunos planes que proclaman reformas sin método, este propone una arquitectura institucional clara:

• Un Sistema Nacional de Evaluación de Resultados, obligatorio para todas las instituciones.
• Contratos de gestión para jerarcas, con incentivos por cumplimiento.
• Eliminación de duplicidades institucionales, previa auditoría funcional.

Estas propuestas están explícitamente desarrolladas en el documento. La lógica de doña Laura es de control y planificación técnica, no de intervención política. Y aunque eso la distancia del discurso emocional, también le da seriedad: es un plan escrito para gobernar, no para aplaudir.

Disciplina fiscal y cultura del resultado

El bloque económico del programa es contundente: reconoce la urgencia de restaurar la sostenibilidad fiscal, pero sin caer en la tentación de nuevos impuestos.

Afirma con claridad que no se crearán tributos adicionales, y que la consolidación fiscal se logrará mediante tres líneas: eficiencia del gasto, digitalización y combate a la evasión. El mantra literal “El equilibrio fiscal no se alcanza recaudando más, sino gastando mejor.”

A partir de esa premisa, plantea medidas concretas:

• Revisión de todas las transferencias corrientes, para eliminar programas ineficientes.
• Compras públicas unificadas mediante plataforma digital, con licitación inversa obligatoria.
• Presupuestación por resultados, vinculada a metas de desempeño.

El documento también incluye la propuesta de “Hacienda en línea”, un sistema de trazabilidad presupuestaria que permitiría al ciudadano seguir el gasto público en tiempo real. Esa es la aplicación práctica del principio de Regulación inteligente donde el texto demuestra conocimiento, realismo y voluntad de implementación.

Productividad, empleo y competitividad

El programa de Pueblo Soberano tiene una lectura económica moderna: combina disciplina fiscal con estímulo productivo.

No se refugia en la ortodoxia ni en el populismo, sino en la eficiencia. Plantea reducir trámites, eliminar permisos redundantes y crear un entorno regulatorio predecible. Este es el mantra en este aparte “Cada trámite que no agrega valor debe eliminarse o digitalizarse.”

Además, se compromete a mantener una política abierta a la inversión extranjera y al comercio exterior. No hay rastro de proteccionismo ni de desconfianza hacia la empresa privada. El punto más destacado es la política laboral.

El programa no solo reconoce el problema de la rigidez normativa, sino que propone reformas para flexibilizar jornadas, reducir cargas y facilitar la formalización. Habla de “ajustar la legislación laboral para permitir esquemas de empleo moderno y competitivo”, y de “revisar los costos asociados a la seguridad social, sin debilitar la cobertura”. Es decir: un enfoque pro-empleo y pro-productividad con realismo técnico.

Energía, digitalización y gestión pública

En energía, el programa es menos innovador. Propone “mantener la matriz limpia y fortalecer las empresas públicas del sector”, sin referencias a apertura ni competencia.

Sin embargo, lo compensa con su capítulo de transformación digital. Ahí propone crear una Oficina Nacional de Innovación y Datos que coordine la digitalización de servicios públicos y establezca estándares comunes para interoperabilidad entre instituciones.

También habla de “tecnología como palanca de transparencia”, proponiendo que todos los contratos, compras y proyectos estatales sean públicos y trazables. No es un discurso, es una política concreta.

Seguridad y justicia: orden institucional, no populismo punitivo

En materia de seguridad, el programa mantiene coherencia técnica. Reconoce la expansión del crimen organizado y propone inteligencia criminal, control territorial y coordinación judicial.

Plantea “fortalecer el OIJ y la Policía de Fronteras”, “revisar los protocolos de detención preventiva” y “reforzar el sistema penitenciario con medidas de rehabilitación real”. No hay promesas de “mano dura”, sino de eficiencia institucional. La seguridad se entiende como un problema de gestión y justicia, no de venganza.

Ética pública y transparencia: gobernar con método

El plan de Pueblo Soberano dedica un capítulo completo a la integridad pública. Propone una Estrategia Nacional de Ética y Transparencia, con obligación de publicar todos los contratos y transferencias del Estado. También introduce la figura del Auditor Ciudadano, una instancia de control social que revisaría licitaciones, concesiones y presupuestos. El lenguaje es técnico, no moralista. No hay apelaciones religiosas ni slogans vacíos. La ética aparece como instrumento de eficiencia, no como adorno discursivo. Ese equilibrio entre valor y procedimiento es, precisamente, lo que define el talante de este programa.

Mi lectura personal

Mi impresión general del programa de Pueblo Soberano es que se trata de un documento trabajado, con orden conceptual y con un enfoque claro hacia la modernización administrativa. El plan apuesta fuerte por la digitalización de trámites, la eliminación de duplicidades normativas, la estandarización de procesos y la evaluación sistemática de políticas públicas. Ese énfasis en eficiencia, trazabilidad y control interno está bien aterrizado en propuestas concretas: Hacienda Digital, fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación, uso intensivo de plataformas digitales e impulso a la evaluación regulatoria previa y posterior.

Sin embargo, es un programa que tiende a sobrestimar la capacidad del aparato estatal para transformarse a partir de herramientas técnicas. Habla de reestructuración integral, de reorganización institucional y de mayor coordinación pública, pero no reconoce con la misma claridad que los cambios estructurales en Costa Rica chocan con intereses creados, gremios, normativas rígidas y culturas organizacionales que no se corrigen con manuales ni plataformas tecnológicas. El documento describe bien el “cómo debería funcionar” el Estado, pero dice poco sobre el “cómo romper las inercias” que históricamente han impedido esas reformas.

También hay una tensión entre la visión administrativa austera y el peso del componente social del programa, que incluye ampliación de subsidios, más becas, más servicios de cuido, expansión del RNC, programas de apoyo productivo y fortalecimiento del cooperativismo. No es que esté mal, es legítimo que un proyecto político tenga una visión social fuerte, pero sí obliga a reconocer que este es un plan que combina modernización estatal con una expansión significativa del Estado social. Esa mezcla es válida, pero requiere un músculo fiscal y operativo que el programa no desarrolla con el mismo nivel de detalle que sus propuestas de eficiencia.

En resumen, es un documento serio, con ambición administrativa y sensibilidad social, pero que sigue pensando en la transformación del Estado desde la técnica y no desde la realidad política y fiscal que enfrenta el país. La nota de 4.0/5 refleja esa madurez: un programa coherente, pro-mercado y pro-empleo, con énfasis en eficiencia regulatoria y responsabilidad fiscal.

Conclusión

El programa de Pueblo Soberano destaca por su disciplina técnica, su énfasis en la eficiencia estatal y su propuesta de ordenar procesos, trámites y mecanismos de evaluación. Esa visión de un Estado más claro, más transparente y más interoperable es valiosa y necesaria. Pero la modernización administrativa, por sí sola, no resuelve los nudos de gobernabilidad que hoy frenan al país. El documento propone reestructurar instituciones, reducir duplicidades y fortalecer el control interno, pero no desarrolla cómo se enfrenta la resistencia política, sindical y corporativa que siempre acompaña este tipo de reformas.

A la vez, el programa plantea una expansión significativa del Estado social: más subsidios, más becas, más cobertura de cuido, ampliación del IMAS Impulsa, más programas productivos, más transferencias y mayor presencia del Estado en territorios y servicios sociales. Esa ambición social es respetable, pero implica costos, gobernanza y sostenibilidad fiscal que el documento no cuantifica ni problematiza. Modernizar mientras se expande requiere más que buena técnica; requiere una estrategia política clara y una narrativa que conecte con la ciudadanía.

Pueblo Soberano ofrece un plan bien intencionado, meticuloso y socialmente sensible. Pero sigue atrapado en un dilema histórico: muchos países han intentado modernizar ampliando; pocos han logrado sostener ese equilibrio sin deterioro fiscal, burocrático o institucional. Costa Rica necesita orden, sí; pero también necesita claridad sobre prioridades, capacidades y límites.